La SCJN fija un criterio histórico: designar un defensor ya no es suficiente para proteger a un adulto mayor

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció este 20 de mayo que las personas adultas mayores deben recibir una protección reforzada en los procesos penales.

De acuerdo con el fallo de la SCJN, las autoridades judiciales están obligadas a evaluar individualmente las condiciones de vulnerabilidad en cada caso donde se involucre un adulto mayor, según el criterio fijado en el Amparo Directo en Revisión 7330/2025.

Informó la SCJN en sus redes que las y los jueces deben informar a cada persona adulta mayor sobre su derecho a ser asistida por agentes especializados en sus derechos y condiciones de edad. De esta forma, se busca atender las barreras específicas que enfrenta este sector en los procedimientos judiciales.

La SCJN subrayó que una defensa adecuada de las personas adultas mayores requiere apoyos adicionales y ajustes procesales. No es suficiente la designación de una persona defensora: las autoridades deben tomar en cuenta la edad, el estado de salud y cualquier situación particular de vulnerabilidad.

El máximo tribunal valida derecho de madres y padres de militares muertos a recibir pensión

La SCJN resolvió que los progenitores de personas militares fallecidos pueden acceder a pensión si prueban dependencia económica respecto del hijo o hija finada. Esta decisión, tomada en sesión de Pleno el pasado 18 de mayo, valida el artículo 39de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, según el comunicado de la Corte.

El fallo destacó que este requisito no excluye a las personas ascendientes del derecho a la pensión. La Corte sostuvo que el criterio consiste en exigir la acreditación de dependencia, al igual que para otras personas familiares como hermanas, hermanos o hijas e hijos mayores que estudian.

En su pronunciamiento, la SCJN subrayó que el Poder Legislativo conserva un margen amplio para diseñar el esquema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando las distinciones sean objetivas y razonables, de acuerdo con el Amparo en Revisión 398/2025.

El Gobierno federal plantea aplazar la elección judicial hasta 2028

La SCJN reportó un incremento de 200% en la cantidad de resoluciones atendidas en los primeros ocho meses tras la integración actual, mientras el debate sobre la elección del Poder Judicial continúa y el Gobierno federal plantea aplazar el proceso hasta 2028 para evitar que coincida con otros comicios y elevar los costos y tareas logísticas del INE. De aplicarse el aplazamiento, la renovación de magistrados y jueces tendría lugar el 4 de junio de 2028.

El pasado 18 de mayo la SCJN informó a través de un comunicado oficial que, desde la Sesión Ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2025, ha atendido 7 mil 326 asuntos. De estos, 1 mil 330 se discutieron en sesiones del Pleno y 5 mil 996 se dictaminaron fuera del Pleno. El promedio mensual asciende a 915 resoluciones.

En contraste, en el mismo periodo del año anterior el tribunal resolvió apenas 2 mil 558 asuntos, lo que representa un aumento de más del triple en la capacidad resolutiva. La estrategia implementada busca abatir el rezago histórico y agilizar la justicia.

La SCJN subrayó estos avances en contexto de la propuesta del Gobierno federal para reprogramar la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028. Esta modificación busca evitar la coincidencia con elecciones estatales y municipales, lo que, según la presidencia de Claudia Sheinbaum, permitiría corregir fallas en el modelo vigente y robustecer el proceso de selección de candidatas y candidatos.