
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó hasta por 10 años a cuatro ex servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien) por faltas administrativas graves que incluyeron el robo de recursos de cuentahabientes y el uso indebido de datos personales de contribuyentes.
Las investigaciones contra los funcionarios fueron realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) de ambas instituciones y derivaron también en sanciones económicas de hasta 250 mil pesos.
Los casos en el Banbien involucraron el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de los titulares por un monto superior a 275 mil pesos, además de la elaboración de conciliaciones con información falsa. En el SAT, la irregularidad consistió en asignar citas para trámites fiscales con datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, lo que implicó el manejo no autorizado de información privada.
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El caso fue revelado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.
Tres ex funcionarios del BANBIEN recibieron la sanción máxima de 10 años
El exsubjefe de área Juan “D” y el exauxiliar de sucursal Orlando “P” fueron inhabilitados por 10 años y recibieron sanción económica tras acreditarse su participación en el retiro no autorizado de fondos de cuentas bancarias.
Las autoridades no revelaron la sucursal en la que laboraban los sancionados.

En el mismo banco, el exasistente administrativo Marco “M” también fue inhabilitado por una década y multado, en su caso por haber realizado conciliaciones con datos que no correspondían a la realidad.
Las sanciones económicas para los tres ex funcionarios del Banbien se encuentran dentro del rango establecido por el Tribunal, que fijó multas de entre 25 mil y 250 mil pesos.
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La SABG precisó que las personas señaladas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y que en ese caso la dependencia las defenderá con el respaldo de las evidencias recabadas durante las investigaciones.
En el SAT, la inhabilitación fue de un año por uso irregular de datos de contribuyentes
Un exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, identificado como Víctor “R”, recibió una inhabilitación de un año para ejercer cargos en el servicio público.

El OIC del SAT documentó que utilizó datos personales de contribuyentes que no figuraban en el portal oficial de la institución para asignar citas de manera irregular, lo que constituyó una falta administrativa grave.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió el comunicado este 13 de mayo de 2026 e invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en su sitio web.
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En otros hechos, fue inhabilitada distribuidora por falsificar documentos al IMSS
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a HIMA Promotions, S.A. de C.V. y le impuso una multa de 643 mil 188 pesos tras detectar que presentó documentación falsa en un procedimiento de contratación con el IMSS. La sanción se derivó de la participación de la empresa en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la adquisición de medicamentos, donde entregó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, que resultó falsa.
La notificación se realizó hace un mes, el 13 de abril, y la publicación apareció el pasado 6 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
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La empresa, originaria de Veracruz, quedó inscrita en el registro de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el Gobierno de México durante un año. Si al concluir ese plazo no ha pagado la multa, la prohibición se mantiene vigente hasta que acredite el pago ante la Secretaría y se elimine el registro en Compras MX.

La circular publicada en el Diario Oficial instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la FGR, gobiernos estatales, municipios y alcaldías de la Ciudad de México a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con HIMA Promotions durante el plazo de la inhabilitación. Los contratos ya adjudicados o formalizados antes de la publicación no se vieron afectados.
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El historial de irregularidades de la empresa no era nuevo. En abril de 2024, la Cofepris la incluyó en su lista de distribuidores irregulares de medicamentos por incumplir la regulación vigente. En 2025 volvió a aparecer en esa lista, esta vez por falta de aviso de funcionamiento. Ese mismo año, HIMA Promotions había recibido un contrato del IMSS Hidalgo por 80 mil 694 pesos para suministrar meropenem solución inyectable.
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