Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

Luego de varios días de violencia, ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades de la Montaña baja de Guerrero, autoridades federales y estatales acompañaron el retorno de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa.

El operativo se realizó con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal y organismos de atención a víctimas.

El regreso ocurre después de una crisis de seguridad que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante los enfrentamientos atribuidos a grupos criminales que operan en la región, principalmente Los Ardillos y Los Tlacos.

Durante los últimos días, habitantes denunciaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y presuntos bombardeos con drones, situación que derivó en múltiples llamados de auxilio por parte de pobladores indígenas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo de retorno incluyó el traslado de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños y jóvenes en vehículos oficiales, además de la entrega de alimentos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y otros insumos básicos.

Gobierno federal despliega operativo de seguridad en la región

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el acompañamiento a las familias desplazadas y aseguró que se mantienen mesas de diálogo y trabajo para garantizar que el retorno sea permanente y se realice bajo condiciones de seguridad.

Como parte de las acciones anunciadas, la Secretaría de la Defensa Nacional instalará un corredor seguro para permitir el libre tránsito entre Xicotlán y la cabecera municipal, así como el ingreso de suministros a las localidades afectadas.

También se informó que comenzará un censo de viviendas dañadas para evaluar afectaciones y apoyar en la reconstrucción de casas que resultaron impactadas por la violencia.

En el operativo participaron además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de derechos humanos del estado y funcionarios de la Mesa Estatal de Paz.

Las autoridades señalaron que las familias recibirán acompañamiento psicológico y seguimiento emocional tras los hechos registrados en la zona.

Habitantes denunciaron abandono y ataques armados

La crisis en Chilapa se intensificó desde el pasado 6 de mayo, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas presuntamente perpetradas por integrantes de Los Ardillos.

En videos difundidos en redes sociales, pobladores aseguraron que los ataques continuaban pese a la presencia anunciada por autoridades federales.

Algunos habitantes afirmaron que debieron refugiarse en cerros y zonas alejadas mientras continuaban las detonaciones y sobrevuelos de drones.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos denunciaron una crisis humanitaria derivada del desplazamiento masivo.

Mientras autoridades federales reconocieron inicialmente 96 personas desplazadas, colectivos comunitarios y organismos civiles señalaron que la cifra podría superar las mil personas en distintas comunidades de la región.

Lo que denunciaron los pobladores durante la crisis

• Ataques con armas de alto calibre y drones en comunidades indígenas.
• Incendio de viviendas y abandono forzado de localidades.
• Falta de alimentos y refugio para mujeres, niños y adultos mayores.
• Reportes de personas asesinadas y desaparecidas.
• Peticiones urgentes de intervención y protección federal.

Violencia en Guerrero revive crisis de desplazamiento interno

El caso de Xicotlán volvió a poner sobre la mesa la problemática del desplazamiento forzado en Guerrero, una situación que durante años ha afectado a comunidades rurales e indígenas atrapadas en disputas entre grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones advirtieron que la violencia en la Montaña baja refleja años de omisión institucional y exigieron medidas urgentes para proteger a las comunidades.

Además de los desplazamientos recientes, organizaciones comunitarias denunciaron asesinatos y desapariciones vinculadas al conflicto.

Entre las víctimas reportadas se encuentran habitantes de Xicotlán y Alcozacán, mientras continúan las investigaciones sobre otros casos registrados en la región.

Autoridades buscan garantizar un retorno permanente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que el objetivo del gobierno federal era evitar enfrentamientos que pusieran en riesgo a la población civil y priorizar el diálogo para permitir el ingreso de fuerzas de seguridad y atención médica.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la región permanece bajo tensión debido a la disputa entre grupos criminales, aunque aseguró que existe presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales.

Con el retorno de las 118 personas a Xicotlán, autoridades federales y estatales buscan estabilizar la zona y evitar nuevos desplazamientos.

Sin embargo, habitantes y organizaciones civiles insisten en que la permanencia de la seguridad será clave para impedir que las familias vuelvan a abandonar sus hogares.