Las familias desplazadas por la violencia en Chilapa, Guerrero, comenzaron a regresar a sus comunidades luego de varios días de enfrentamientos entre los grupos criminales “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, conflicto que dejó decenas de personas desplazadas, bloqueos carreteros y ataques armados contra civiles.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, visitó la zona afectada para supervisar las acciones de apoyo y seguridad implementadas por autoridades federales y estatales.
Durante el recorrido, la funcionaria sostuvo encuentros con habitantes de comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero, donde aseguró que el gobierno mantendrá presencia permanente para garantizar condiciones de seguridad.
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De acuerdo con reportes oficiales, al menos 96 personas fueron desplazadas inicialmente por el recrudecimiento de la disputa criminal, aunque organizaciones comunitarias y medios locales advierten que la cifra real podría superar ampliamente los registros gubernamentales.
Enfrentamiento entre Los Tlacos y Los Ardillos desata violencia
El conflicto entre Los Tlacos, también identificados como el “Cártel de la Sierra”, y Los Ardillos se intensificó durante mayo en comunidades cercanas a Chilapa, Alcozacán, Tula y Xicotlán. Habitantes denunciaron ataques con armas de alto calibre, drones explosivos y amenazas directas contra pobladores indígenas.
La confrontación responde a una disputa por el control territorial, rutas del narcotráfico, extorsiones y actividades ilícitas en distintas regiones de Guerrero. Autoridades federales reconocieron que la violencia reciente deriva directamente de la pugna entre ambos grupos criminales.
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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales mantienen operativos permanentes en la zona para evitar nuevos ataques y proteger a la población civil.
Gobierno promete seguridad para el retorno de desplazados
Las autoridades desplegaron más de mil elementos de seguridad en la región de la Montaña baja de Guerrero, además de instalar centros de atención y entregar apoyo humanitario como alimentos, colchonetas, cobijas y atención médica.
Según la Segob, varias familias desplazadas rechazaron ser trasladadas a albergues y optaron por permanecer cerca de sus comunidades mientras se restablecen las condiciones mínimas de seguridad.
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¿Qué dijo Sheinbaum sobre esta situación?
Durante su conferencia de ayer miércoles 13 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se liberaron tres bloqueos en comunidades, todos mediante el diálogo, lo que permitió el ingreso de un grupo de la Guardia Nacional.
Detalló que en el operativo participó la defensa junto a la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada, quien se acercó a las personas afectadas, así como un grupo de la Secretaría de Gobierno de Guerrero.

Comunidades indígenas denunciaron abandono y pidieron ayuda internacional
Días antes, mujeres indígenas desplazadas denunciaron abandono de las autoridades y solicitaron apoyo internacional ante el incremento de ataques armados en la región.
Organizaciones comunitarias acusaron que las agresiones han provocado una crisis humanitaria que se ha prolongado por años en Guerrero.
El conflicto en la Montaña baja de Guerrero ha dejado, además de desplazamientos, decenas de asesinatos y desapariciones desde hace más de una década, según denuncias de agrupaciones indígenas y policías comunitarias de la región.
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Señalan a gobernadora de Guerrero
El Congreso Nacional Indígena (CNI) acusó a la gobernadora Evelyn Salgado de proteger al grupo criminal Los Ardillos. Al respecto, José Filiberto Velázquez, sacerdote y defensor de derechos humanos, aseguró en entrevista exclusiva que la situación “es más compleja” y que responde, en primer lugar, a la incapacidad del Estado para enfrentar a estos grupos y, en segundo, a la falta de presupuesto, protocolos e instrucciones de alto nivel.
Sostuvo que, más allá de culpar al gobierno estatal o a la gobernadora, la Federación también debe asumir su responsabilidad. Tampoco atribuye la presencia de estos grupos únicamente a posibles vínculos con la actual administración estatal, ya que Los Ardillos operan en la zona desde hace unos 12 años, durante gobiernos anteriores, incluyendo el de Astudillo.
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