PAN busca periodo extraordinario en el Senado por caso Rocha Moya: ¿pueden desaparecer poderes en Sinaloa?

Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión formalizaron una solicitud para que el Senado convoque a un periodo extraordinario y analice la posible desaparición de poderes en Sinaloa, en medio de las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y varios funcionarios de su administración por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que la intención de su partido es “limpiar a Sinaloa” y abrir paso a nuevas autoridades que puedan recuperar la seguridad y la gobernabilidad en la entidad.

En conferencia de prensa, el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la crisis no solo alcanza al Poder Ejecutivo estatal, sino también a otros órganos de gobierno.

Según dijo, las acusaciones sobre una presunta relación entre funcionarios y grupos criminales reflejan un problema institucional de fondo.

Anaya recordó además que la elección de 2021 en Sinaloa fue impugnada por la oposición y afirmó que desde entonces existían denuncias relacionadas con presuntas presiones del crimen organizado durante el proceso electoral.

¿Qué significa la desaparición de poderes en un estado?

La desaparición de poderes es una figura contemplada en el artículo 76 de la Constitución mexicana.

Se trata de un mecanismo excepcional mediante el cual el Senado puede intervenir cuando considera que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de un estado han dejado de funcionar conforme al orden constitucional.

En caso de aprobarse, el gobernador, diputados locales y magistrados dejarían de ejercer sus funciones.

Posteriormente, el Senado designaría a un gobernador provisional encargado de restablecer la gobernabilidad y convocar a nuevas elecciones.

La legislación mexicana contempla distintas causas por las que puede solicitarse esta medida extraordinaria.

Entre ellas destacan:

• Que los poderes estatales quebranten principios del régimen federal
• Que abandonen el ejercicio de sus funciones
• Que exista imposibilidad para gobernar o mantener el orden jurídico
• Que permanezcan en el cargo después de concluir su periodo legal
• Que adopten formas de gobierno contrarias a la Constitución

PAN argumenta una “grave alteración institucional” en Sinaloa

En el documento entregado a la Comisión Permanente, legisladores del PAN afirmaron que la situación de Sinaloa no corresponde únicamente a una crisis de inseguridad, sino a un problema de carácter institucional derivado de los señalamientos contra funcionarios públicos.

Los panistas sostienen que las acusaciones podrían evidenciar un uso indebido de instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, situación que —aseguran— justificaría la intervención del Senado.

Acusaciones de Estados Unidos detonaron la crisis política

La discusión sobre la desaparición de poderes surge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con documentos presentados ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían participado en una red de protección institucional para favorecer operaciones de narcotráfico y tráfico de armas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que algunos funcionarios presuntamente facilitaron información sobre operativos, brindaron protección a cargamentos de drogas y permitieron actividades relacionadas con el crimen organizado a cambio de beneficios económicos.

Entre los funcionarios y exfuncionarios acusados se encuentran:

• Rubén Rocha Moya
• Enrique Inzunza Cázarez
• Dámaso Castro Zaavedra
• Enrique Díaz Vega
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Gerardo Mérida Sánchez
• Juan de Dios Gámez Mendívil

Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras algunas de las personas señaladas han rechazado públicamente las acusaciones.

Rocha Moya solicitó licencia y rechaza acusaciones

Tras darse a conocer las imputaciones, Rocha Moya solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa para concentrarse en su defensa legal. Posteriormente, el Congreso local designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.

El mandatario con licencia ha sostenido que las acusaciones son falsas y sin sustento.

Además, afirmó que colaborará con las autoridades mexicanas en cualquier revisión relacionada con el caso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para ejecutar una detención inmediata o iniciar un proceso de extradición.

La mandataria también señaló que la Fiscalía General de la República revisa la información enviada por autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, el caso ha provocado una serie de movimientos políticos y administrativos en Sinaloa.

Algunos funcionarios pidieron licencia a sus cargos y otros promovieron recursos legales para evitar órdenes de captura o medidas precautorias.

Hasta ahora, Morena y el gobierno federal han rechazado adelantar conclusiones mientras continúan las investigaciones.

Sin embargo, el debate sobre la desaparición de poderes ya abrió una nueva confrontación política en torno al caso de Sinaloa y al alcance de las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses.