ASF tendrá nuevas facultades en combate a la corrupción: así es la reforma aprobada en la Cámara de Diputados

Entre otros temas, la reforma faculta a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar sin límites de tiempo

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La Cámara de Diputados aprobó una reforma que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de hacer más efectivo el combate a la corrupción en México. Con estos cambios, el órgano fiscalizador contará con mayores herramientas para investigar, sancionar y actuar de manera más ágil ante irregularidades en el uso de recursos públicos.

La modificación legal —avalada por unanimidad— busca dejar atrás la percepción de que la ASF era un ente con limitadas capacidades y convertirla en una institución con mayor poder operativo para detectar y castigar actos de corrupción.

¿Qué cambia con la reforma a la ASF?

Uno de los puntos clave es que la ASF podrá investigar en cualquier momento posibles faltas administrativas graves, sin depender exclusivamente de los tiempos de revisión de la cuenta pública. Esto significa que podrá actuar de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, incluso si los hechos se detectan fuera de los periodos tradicionales de fiscalización.

Además, la reforma establece que:

  • La ASF podrá presentar denuncias directamente ante tribunales administrativos cuando detecte irregularidades graves.
  • Se fortalece la posibilidad de iniciar investigaciones por denuncias ciudadanas, facilitando la participación social en el combate a la corrupción.
  • Se eliminan obstáculos que retrasaban procesos, permitiendo una actuación más inmediata frente a desvíos de recursos.

ASF podrá investigar y sancionar sin límites de tiempo

La nueva legislación permite que la ASF investigue de oficio cualquier falta administrativa grave, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto por denuncia ciudadana como por auditorías. Este cambio elimina el límite temporal para abrir investigaciones, de modo que un caso denunciado o revelado después del cierre del ejercicio fiscal también podrá ser indagado y sancionado.

Durante el debate en comisiones, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó: “El propósito es darle dientes a la ASF, porque es necesario darle mayor capacidad de actuación”.

Más coordinación y control de recursos públicos

Otro aspecto relevante es la creación de un Sistema Nacional de Registro de Información sobre Recursos Federales, el cual concentrará datos sobre el uso de dinero público y obligará a los entes gubernamentales a transparentar información.

Asimismo, la ASF podrá:

  • Firmar convenios con entidades estatales para auditar recursos federales ejercidos por estados, municipios y alcaldías.
  • Fiscalizar recursos incluso cuando sean administrados por particulares vinculados a fondos públicos.

Estas medidas buscan cerrar espacios a la opacidad en el manejo del presupuesto y mejorar la coordinación entre distintos niveles de gobierno.

Plazos y nuevas obligaciones

La reforma también impone plazos más estrictos para la resolución de observaciones derivadas de auditorías. Por ejemplo, la ASF deberá determinar el estatus de sus hallazgos en un periodo máximo de 90 días hábiles, lo que pretende evitar que los casos queden abiertos indefinidamente.

Además, se incorporan herramientas tecnológicas, como notificaciones electrónicas, para agilizar los procedimientos y reducir la burocracia.

Un paso para fortalecer el combate a la corrupción

La Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico encargado de fiscalizar el gasto público federal, es clave dentro del sistema de rendición de cuentas en México. Con esta reforma, se busca reforzar su papel dentro del combate a la corrupción y mejorar su capacidad para actuar de manera oportuna.

El dictamen fue turnado al Senado para su análisis, donde se definirá si estos cambios se convierten en ley. De aprobarse, la ASF podría convertirse en una institución más activa, con mayores “dientes” para investigar y sancionar el mal uso de recursos públicos en el país.