La Auditoría Superior de la Federación crea la Unidad de Atención Ciudadana tras la llegada de Aureliano Hernández Palacios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) formalizó la creación de la Unidad de Atención Ciudadana con la publicación de su nuevo Reglamento Interior en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2026.

Esta medida fue anunciada tras la llegada de Aureliano Hernández Palacios Cardel para dirigir esta institución, las modificaciones introducen un cambio relevante en la estructura del principal órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados.

La iniciativa coloca a la interacción con la sociedad en el centro de la agenda institucional, al tiempo que plantea retos sobre la efectividad y la amplitud de los mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos federales.

Estas serían las atribuciones de la nueva Unidad

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Unidad de Atención Ciudadana tiene la misión de recibir, gestionar y responder las peticiones ciudadanas dirigidas a la ASF, con fundamento en el artículo 8 constitucional.

La unidad debe facilitar la presentación de denuncias mediante canales de comunicación abiertos, tanto físicos como electrónicos, y proponer lineamientos internos para dar seguimiento a las solicitudes recibidas. Además, tiene atribuciones para atender audiencias solicitadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, lo que amplía el espectro de involucramiento social en la fiscalización superior.

La creación de este espacio responde a una reorganización institucional más amplia, enmarcada en el nuevo Reglamento Interior expedido por Hernández Palacios Cardel.

De acuerdo con el documento oficial, la ASF estructura su funcionamiento en unidades especializadas que abarcan desde auditoría forense hasta inteligencia y análisis, pasando por temas de equidad de género e inclusión.

La integración de la Unidad de Atención Ciudadana formaliza un canal que, hasta ahora, funcionaba de manera más dispersa y sin atribuciones específicas en el reglamento anterior.

Buscan fortalecer transparencia en el sector público

La reorganización de la ASF busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, en un contexto donde la fiscalización de los recursos públicos se enfrenta a crecientes demandas sociales y a la presión por resultados efectivos.

El nuevo reglamento abroga el instrumento vigente desde 2017 y sus reformas, redistribuye competencias y crea áreas especializadas para responder a los desafíos actuales en materia de control del gasto público.

Entre los cambios más relevantes destaca la posibilidad de ejercer atribuciones a través de medios electrónicos, mediante el Buzón Digital y otras herramientas tecnológicas, lo que permite acercar los procesos de fiscalización a la ciudadanía.

La Unidad de Atención Ciudadana se posiciona como un intermediario entre la sociedad y el órgano fiscalizador. Entre sus competencias figura apoyar a las áreas internas en la gestión de peticiones, proponer reglas para el seguimiento y evaluar los procesos internos de atención ciudadana.

De acuerdo con el reglamento, la unidad informará directamente al auditor superior sobre el avance de los asuntos bajo su responsabilidad, lo que podría contribuir a una mayor trazabilidad de las denuncias y solicitudes ciudadanas.

Un reto para la fiscalización en México

El alcance de esta unidad, sin embargo, abre un debate sobre la suficiencia de los mecanismos para garantizar una participación ciudadana efectiva en la fiscalización. La historia ha mostrado que la efectividad de estos canales depende de la capacidad institucional para procesar, investigar y dar respuesta a las denuncias, así como de la transparencia en la comunicación de sus resultados.

El nuevo Reglamento Interior de la ASF contempla, además, la integración de unidades orientadas a la innovación tecnológica y la inteligencia institucional. Entre ellas destaca la Unidad de Inteligencia y Análisis, encargada de sistematizar y analizar información financiera y patrimonial, y la Unidad de Equidad de Género e Inclusión, que debe transversalizar la perspectiva de género y la inclusión en las auditorías.

La ASF, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, mantiene la función de fiscalizar la Cuenta Pública, investigar irregularidades en el manejo de recursos federales y verificar el cumplimiento de la normatividad financiera y presupuestal. El nuevo reglamento detalla la distribución de competencias entre las distintas unidades administrativas, fija procedimientos de auditoría y seguimiento, y otorga facultades para la investigación de faltas administrativas tanto en el ámbito federal como subnacional.

La reforma al reglamento busca también agilizar los procesos internos, reducir la duplicidad de funciones y responder a la presión pública por resultados tangibles en materia de combate a la corrupción. El documento establece la posibilidad de certificar documentos y solicitar información a entidades públicas y privadas, lo que amplía el margen de maniobra de la ASF en las investigaciones.

El reto para la Unidad de Atención Ciudadana reside en traducir las atribuciones formales en resultados concretos. La experiencia previa señala que la participación ciudadana en la fiscalización superior requiere canales accesibles, protección de datos personales, mecanismos de seguimiento y una respuesta institucional ágil y transparente.

Especialización de cada área en la ASF

Con el nuevo reglamento también se abre la posibilidad de que cada área elaboré dictámenes técnicos, buscando acortar la burocracia dentro del organismo. La institución contará con especialistas en cada una de las áreas, garantizando la fundamentación de quien lleve a cabo la auditoría.

Además, con la llegada de Hernández Palacios Cardel se eliminarán áreas calificadas como innecesarias con el objetivo de reorientar recursos presupuestales y eficientar las estructuras.

También, los nuevos lineamientos tienen el objetivo de agilizar el envío de expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableciendo plazos para el envío de dictámenes técnicos de no solventación a investigación.