México debe reconocer la historia afrodescendiente con políticas públicas, advierte Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavización racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave, aprobada el pasado 25 de marzo, representa el primer reconocimiento oficial de una deuda histórica perpetrada durante siglos.

Para la diputada Rosa María Castro Salinas, de Morena, el pronunciamiento de la Asamblea General constituye un hito que exige a los estados avanzar de inmediato hacia la justicia reparativa y la garantía de no repetición, tanto en México como en el resto del mundo.

La resolución de la ONU subrayó la necesidad de acciones concretas como la restitución, la indemnización y la garantía de no repetición para los descendientes de las víctimas de la esclavitud transatlántica.

Urge reparación de los daños para afrodescendientes mexicanos

Castro Salinas advirtió que los pueblos afrodescendientes han señalado por generaciones que las consecuencias de la esclavitud siguen vigentes. Persiste la desigualdad económica, la discriminación estructural y la exclusión social. La diputada planteó que la memoria y la reparación deben ser ejes ineludibles en el proceso de justicia.

Castro Salinas afirmó: “No es un pronunciamiento menor; es el reconocimiento de una deuda que durante siglos ha sido invisibilizada”, en referencia a la responsabilidad internacional de saldar cuentas con los afrodescendientes.

Durante más de 400 años, millones de personas fueron despojadas de su libertad, identidad y dignidad bajo un sistema que las transformó en propiedad. Este sistema sentó las bases para la construcción de racismo estructural y sistémico, un fenómeno que, aseguró, subsiste en las sociedades contemporáneas.

La diputada, que es secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, destacó que el reconocimiento de la ONU implica ahora una obligación para los estados nacionales: implementar políticas públicas eficaces que combatan las desigualdades y que, en el caso mexicano, integren la historia afrodescendiente tanto en el sistema educativo como en el diseño de programas de justicia social.

México enfrenta desafíos históricos y de género

La declaración de la Asamblea General también aborda que las mujeres afromexicanas han vivido formas específicas de violencia, incluidas la explotación sexual y la reproducción forzada. Sobre esto, Castro Salinas enfatizó que se trata de temas poco discutidos en la opinión pública, pero fundamentales para que las políticas de reparación sean realmente integrales y atiendan las afectaciones particulares a las mujeres.

La legisladora insistió en que, en una nación como México, caracterizada por la profunda herencia afrodescendiente, no es posible ignorar el llamado internacional hecho por la ONU. Planteó que corresponde a las instituciones mexicanas asumir el compromiso de fortalecer un marco legislativo y de políticas públicas que enfrenten directamente el racismo sistémico y estructural, y que promuevan la igualdad desde una perspectiva intercultural, antirracista e interseccional.

Castro Salinas reiteró que la memoria histórica es indispensable para avanzar en la justicia. Puntualizó: “No puede haber justicia sin memoria, ni igualdad sin reparación”. Subrayó su responsabilidad como diputada federal afromexicana y aseguró que mantendrá el impulso a una agenda legislativa que priorice los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes, combata las desigualdades históricas y ayude a cerrar una deuda pendiente arrastrada desde la esclavitud transatlántica.