El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados manifestó su rechazo a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó la mañana del 9 de abril en la conferencia de prensa matutina, donde afirmó que diversas personas “se dedicaban a la venta de combustible ilegal”, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, pese a que no existía una sentencia firme.
La firma jurídica sostuvo que esta afirmación constituyó una imputación penal anticipada, prohibida por la Constitución y tratados internacionales. El despacho señaló que la autoridad mexicana debía abstenerse de presentar públicamente a cualquier persona como culpable mientras no existiera sentencia definitiva, en apego a los artículos 1° y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, así como a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Declaraciones anticipadas generaron juicio paralelo
El comunicado detalló que dichas declaraciones generaron un juicio paralelo y comprometieron la imparcialidad judicial y el derecho a una defensa adecuada. El despacho advirtió que las autoridades estaban obligadas a informar sin prejuzgar; sobrepasar ese límite representaba una transgresión directa al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales.
La postura del despacho subrayó que el estándar constitucional exigía que la información oficial fuera estrictamente descriptiva, no valorativa. En palabras del comunicado: “Afirmar que alguien ‘se dedicaba’ a una actividad ilícita excede ese límite y vulnera derechos fundamentales como la honra, la reputación y el debido proceso”.
Estado mexicano comprometió garantías constitucionales
Durante la conferencia matutina del pasado jueves 9 de abril, Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República mantenía investigaciones por huachicol fiscal y que “si alguien quiere pasarse de listo y seguir introduciendo gasolina de manera ilegal, será sancionado”. Sheinbaum reconoció que fiscalías deben mejorarse, pero una eventual reforma debe esperar. La presidenta también refirió que la denuncia sobre la introducción de combustible ilegal había sido presentada por la Secretaría de Marina y que varios marinos y empresarios se encontraban involucrados.
El despacho remarcó que este tipo de pronunciamientos podrían “dar línea” a las autoridades jurisdiccionales y afectaron el sistema penal acusatorio. En el comunicado se recordó que la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostenían que el Estado mexicano no podía construir versiones públicas de culpabilidad antes de una sentencia definitiva.
El escrito concluyó que las declaraciones de la presidenta contrariaron el orden constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
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