Piden apoyo de la Interpol para capturar a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que ya solicitó apoyo para que la Interpol emita una ficha roja contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de la entidad buscado por la masacre de Arantepacua y por fraude millonario.

Dicha solicitud la realizó a la Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que las autoridades tienen conocimiento de que Aureoles Conejo se encontraría en el extranjero.

“Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar la ficha”, informó en conferencia de prensa.

Buscado por fraude y una masacre

El gobernador destacó que la reciente orden de aprehensión emitida en contra de Silvano Aureoles fue por un juez penal de Michoacán, la cual está relacionada con la masacre de Arantepacua del 5 de abril de 2017, donde fueron detenidos de manera arbitraria 38 personas y que resultó en la muerte de 4.

El exgobernador ya contaba con una orden de arresto emitida previamente por el fraude de 3 mil 600 millones de pesos durante su administración del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.

Ramírez Bedolla detalló que mantienen coordinación con la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para localizar y detener al exgobernador.

“Esta es una prioridad para nosotros, que se haga justicia a la población de Arantepacua, pero que también se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán en el sentido de este fraude millonario. Se está actuando, se está trabajando en coordinación para lograr la detención”, afirmó.

Cabe señalar que la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por la masacre también fue emitida junto a la de 15 personas más, los cuales eran su exsecretario de Seguridad Estatal, Juan Bernardo Corona, y las 14 restantes corresponden a policías estatales que habrían participado en los hechos.

Así fue la masacre de Arantepacua

Los hechos ocurrieron durante un operativo policial el 5 de abril de 2017 que resultó en graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de cuatro pobladores. Este caso se encuentra en investigación luego de que los habitantes exigieron a las autoridades continuar con las indagatorias.

La magnitud de la represión en Arantepacua quedó registrada en la recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó un operativo de al menos 300 policías, cateos ilegales en 56 domicilios, la muerte de cuatro civiles y un agente estatal, así como detenciones arbitrarias y actos de tortura.

La investigación de la CNDH reveló allanamientos, detenciones y uso de la fuerza

El 5 de abril de 2017, tras una ola de bloqueos carreteros motivada por un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, elementos estatales, federales y militares intervinieron bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría de Michoacán.

La CNDH señala que el operativo se ordenó después de que 38 representantes indígenas fueron detenidos el 4 de abril después de salir de reuniones con Gobernación.

El despliegue, según la documentación de la CNDH, implicó el uso de gases lacrimógenos, disparos indiscriminados y el sobrevuelo de un helicóptero para distribuir armas y municiones entre los policías, lo que provocó un enfrentamiento alrededor de las 15:00 horas. Las autoridades habrían argumentado que fueron atacadas y respondieron con fuerza letal.

La comisión concluyó que la actuación fue “ilegal, excesiva y desproporcionada”. Entre las violaciones señaladas se encuentran cateos sin orden judicial en 56 viviendas, la privación arbitraria de la libertad y tortura contra varios comuneros.

En diciembre de 2025, las autoridades acudieron a Arantepacua para la aplicación del Protocolo de Estambul, lo que también derivó en la emisión de 16 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos.