La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla solicitó formalmente la renuncia de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al señalar presuntas omisiones en su desempeño frente a la crisis de desapariciones en México.
Mediante un oficio y un posicionamiento público, la legisladora argumentó que la institución no ha cumplido con su función de proteger a las víctimas ni de actuar como contrapeso frente al Estado.
Según expuso, la Comisión ha fallado en garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
Juicio político: la vía que plantea Movimiento Ciudadano
La diputada informó que promoverá un juicio político contra la titular de la CNDH, con fundamento en los artículos 102 apartado B y 110 de la Constitución.
Indicó que esta medida busca recuperar la legitimidad y la autonomía del organismo.
En el documento, Ballesteros afirmó:
“Su trabajo no es proteger al Estado y sus integrantes”, y calificó la actuación de la Comisión como una respuesta “negligente y de absoluto solapamiento”.
También subrayó que esta exigencia responde a las demandas de familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, quienes han denunciado falta de apoyo institucional.
Crisis de desapariciones: cifras y contexto internacional
Uno de los principales argumentos de la legisladora es el incremento de más de 20 mil personas desaparecidas entre 2023 y 2025, periodo en el que Piedra Ibarra ha estado al frente de la CNDH.
Además, citó datos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ubican a México con una alta proporción de acciones urgentes a nivel global.
En su posicionamiento se detallan algunos datos relevantes:
- Se han registrado 819 solicitudes de acción urgente acumuladas.
- Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se documentaron 40 nuevos casos.
- Se identifican fallas en la coordinación entre autoridades y en las estrategias de búsqueda.
De acuerdo con la diputada, estas cifras evidencian que la respuesta institucional no ha sido suficiente frente a la magnitud del problema.
Señalan conflicto de interés y falta de independencia
Ballesteros también cuestionó la cercanía de la titular de la CNDH con el partido en el poder, lo que —dijo— podría afectar la imparcialidad del organismo.
En el documento se advierte:
“El conflicto de interés […] le impide hacer su trabajo”.
Asimismo, criticó la falta de acciones concretas, como la ausencia de investigaciones de oficio y la emisión limitada de recomendaciones firmes, lo que, en su opinión, debilita el papel de la Comisión como órgano autónomo.
Función de la CNDH y cuestionamientos actuales
La CNDH es responsable de investigar violaciones a derechos humanos, emitir recomendaciones y acompañar a víctimas, especialmente en casos de desaparición.
Entre sus funciones se encuentran:
- Recibir quejas relacionadas con desapariciones en las que puedan estar involucradas autoridades.
- Investigar los casos y documentar posibles violaciones a derechos humanos.
- Emitir recomendaciones para la búsqueda de víctimas y la reparación del daño.
- Dar seguimiento a casos a través de programas especializados.
- Proteger los derechos de las familias, como el acceso a la verdad y la justicia.
Sin embargo, la diputada sostiene que estas funciones no se han ejercido plenamente en el contexto actual, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del organismo.
Reclamo de familias y presión internacional
El posicionamiento también retoma las demandas de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, quienes —según la legisladora— enfrentan falta de acompañamiento institucional.
Ballesteros advirtió que, aunque existen mecanismos formales, estos no han dado resultados concretos.
Señaló que minimizar la crisis contribuye a la desconfianza y a la revictimización.
En ese sentido, concluyó:
“México no puede enfrentar una crisis humanitaria de esta magnitud con una institución que ha dejado de ser contrapeso”.
La solicitud de renuncia y el anuncio de juicio político se presentan en un contexto de creciente presión nacional e internacional sobre la actuación del Estado mexicano frente a las desapariciones.
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