La reacción institucional en México ante el reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas evidenció posturas diferenciadas entre organismos públicos de derechos humanos en el país.
Luego de que el comité anunciara que presentará la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitieron posicionamientos distintos respecto al informe.
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México tiene más de 100 mil personas desaparecidas y dos organismos de derechos humanos que, ante la misma crisis, miran en direcciones opuestas. Cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció que llevará el caso del país ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la reacción institucional no fue una sola voz: fue un choque.
La CNDH rechaza, la CDHCM abre la puerta
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, descalificó el reporte del CED al señalar que “se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales” y que sus conclusiones carecen de sustento pleno.
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Fue más lejos: criticó que el comité haya privilegiado voces como la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha documentado las insuficiencias del Estado mexicano en la materia.
La postura de la CNDH fue, en pocas palabras, la misma que adoptó el gobierno federal: cuestionar al organismo internacional y a las ONG que lo alimentaron de información.
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En el otro extremo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), presidida por María Dolores González Saravia, eligió un camino distinto. Calificó el dictamen de la ONU como “una oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo” y subrayó que, ante la magnitud de la crisis, México debe mantener “una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica” de los mecanismos internacionales.
El fondo del desacuerdo
Más allá del tono, la diferencia es de fondo. La CNDH argumenta que el CED no agotó las instancias nacionales antes de emitir su dictamen —como lo establece la convención internacional— y señala una contradicción en el propio reporte: reconoce violaciones graves durante la “guerra contra el narcotráfico” del sexenio de Felipe Calderón, pero descarta evidencia de una política intencional de desapariciones forzadas.
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El organismo nacional también sostiene que, a diferencia de períodos como la Guerra Sucia o los años 2006-2012, las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018.
La CDHCM, en cambio, no entra en esa disputa histórica. Se centra en el presente: señala que la desaparición de personas es “uno de los desafíos más urgentes del país” y que los esfuerzos institucionales actuales deben fortalecerse y traducirse en resultados concretos, con participación activa de las familias.
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Lo que revela la grieta
El contraste entre ambas comisiones va más allá de un desacuerdo técnico. Refleja dos lecturas institucionales distintas sobre el papel que debe jugar el escrutinio internacional en la crisis de desapariciones: una considera que las instancias nacionales deben agotarse primero, la otra que la cooperación externa es parte necesaria de la solución.
En medio de ese debate, los colectivos de familias buscadoras siguen cavando la tierra con sus propias manos, sin que ninguna postura institucional les devuelva a sus desaparecidos.
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