CNDH rechaza postura de la ONU: desaparición forzada ya no es política de Estado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su desacuerdo con las conclusiones emitidas por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desapariciones forzadas en México. Consideró que su posicionamiento carece de sustento suficiente y presenta inconsistencias en su análisis.

El pronunciamiento surge luego de que el organismo internacional solicitara al Secretario General de la ONU remitir el tema a la Asamblea General, al advertir indicios de privación ilegal de la libertad de carácter generalizado o sistemático en el país. Ante ello, se sostuvo que dicha interpretación no corresponde con una evaluación integral de la realidad nacional.

Asimismo, la Comisión señaló que el análisis del Comité omite elementos históricos y avances recientes, además de basarse en información que, a su juicio, no refleja de manera adecuada la evolución del fenómeno en México.

CNDH cuestiona conclusiones del Comité

La CNDH indicó que el documento incurre en contradicciones, ya que por un lado reconoce la ausencia de una política de Estado en materia de desapariciones forzadas, pero al mismo tiempo sugiere que estos hechos derivan de políticas públicas. En ese sentido, consideró que el análisis carece de perspectiva histórica y de una evaluación de tendencias.

También dio a conocer que se dejó de lado información relevante, como los registros de quejas concentradas durante los periodos de las llamadas “guerra contra el narcotráfico” y “guerra sucia”, que abarcan desde el año 1951 hasta el 2012, así como diversas recomendaciones emitidas recientemente.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos difiere de las conclusiones a las que arribó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada”, manifestó el organismo.

Señalamientos sobre el contexto y metodología

Por otro lado, afirmó que la ONU basó su decisión principalmente en peticiones de algunas organizaciones, sin considerar en su totalidad los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales implementados en los últimos años en México.

Asimismo, cuestionó que se equipare la situación actual con periodos anteriores, al señalar que las desapariciones han tenido una concentración temporal y regional específica, lo que, a su juicio, no permite calificarlas como un fenómeno generalizado en el presente.

“No hay indicios bien fundados de que esto constituya en sí misma una política federal para la comisión de tales actos”, refiere el documento citado por la Comisión.

Sostuvo que en la actualidad no se identifican elementos suficientes para afirmar la existencia de una política deliberada desde el Estado para permitir la comisión de desapariciones.

Recomendaciones emitidas por la CNDH

En el marco de su posicionamiento, la CNDH informó que durante la presente administración ha emitido 14 recomendaciones relacionadas con casos de desaparición forzada ocurridos en años anteriores, entre ellas:

• Recomendación 200/Q/VG/2025, sobre hechos ocurridos en 2012 en Iguala, Guerrero
• Recomendación 158VG/2024, por hechos de 2010 vinculados a autoridades federales y de la Ciudad de México
• Recomendación 137VG/2023, por casos ocurridos entre 1958 y 1966 en Poza Rica, Veracruz
• Recomendación 98VG/2023, sobre hechos del periodo de la “Guerra Sucia” (1965-1990)
• Recomendación 89/2023, por hechos registrados en 2013 en Veracruz
• Recomendación 64VG/2022, por un caso en Chihuahua en 2009
• Recomendación 58VG/2022, por hechos en Jalisco en 2017
• Recomendación 56VG/2022, por un caso en Cancún, Quintana Roo en 2017
• Recomendación 46VG/2021, por hechos en Guanajuato en 2017
• Recomendación 43VG/2021, por un caso en Salamanca, Guanajuato en 2018
• Recomendación 41VG/2020, por hechos en Guanajuato en 2017
• Recomendación 36VG/2020, por casos en Tamaulipas en 2018
• Recomendación 35VG/2020, por hechos en Ciudad Camargo, Tamaulipas en 2016
• Recomendación 34VG/2020, por un caso en Tabasco en 2010

Reiteró que ha documentado este delito en distintos periodos históricos, particularmente durante la “Guerra Sucia” y la estrategia de seguridad implementada entre 2006 y 2012.

“La desaparición forzada ha dejado de ser política de Estado”, sostuvo la CNDH, al subrayar que en la actualidad el fenómeno no responde a una estrategia deliberada desde el gobierno.

Recomendaciones por hechos recientes

Estas acciones forman parte del seguimiento a violaciones graves, particularmente en casos relacionados con este crimen.

• 110VG/2023: por hechos ocurridos el 17 de marzo de 2022 en Huitzilac, Morelos, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
• 99VG/2023: por hechos ocurridos el 17 de agosto de 2021 en Culiacán, Sinaloa, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
• 83VG/2022: por hechos ocurridos el 27 de marzo de 2022 en Vicente Guerrero, Durango, dirigida a la Guardia Nacional.
• 82VG/2022: por hechos ocurridos el 14 de agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional.
• 37VG/2020: por hechos ocurridos en marzo de 2019 en Tlahuapan, Puebla, dirigida a la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el organismo, estas resoluciones evidencian que los hechos violatorios graves han disminuido en los últimos dos gobiernos y que actualmente se atienden en menor tiempo. A diferencia del pasado, cuando predominaban el encubrimiento y la falta de atención, ahora se busca garantizar tanto la localización de personas desaparecidas como la reparación integral del daño conforme a estándares internacionales.

Asimismo, señaló que equiparar la situación actual con la de años anteriores constituye un error analítico y una postura política que refleja la visión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED). Si bien se reconoce la participación de organizaciones criminales, no profundiza en factores como el consumo de sustancias, el tráfico de armas o el lavado de dinero, ni ofrece un análisis histórico o internacional más amplio.

Cuestiona postura del CED y señala intereses políticos en ONG

La organización también cuestionó la decisión del CED de llevar el caso mexicano a la Asamblea General para promover medidas como cooperación técnica, asistencia especializada o apoyo financiero, al considerar que carecen de sustento y replican esquemas internacionales que no han generado mejoras reales en derechos humanos.

En ese sentido, advirtió que algunos organismos multilaterales buscan posicionarse en contextos como el de México, pese a no haber intervenido en otros escenarios globales de mayor impacto. Finalmente, rechazó las posturas de ciertas organizaciones civiles que, afirmó, utilizan el tema con fines políticos.

“Esta Comisión Nacional rechaza las expresiones que se han difundido desde ciertas ONG en aparente ‘solidaridad’ con las víctimas, con las que sólo se busca seguir lucrando con los derechos humanos”, señaló.

Reiteró que continuará dando seguimiento a las determinaciones e informando ante instancias internacionales, con el objetivo de fortalecer el derecho a la verdad de las víctimas, a quienes coloca en el centro de su actuación.