La Cámara de Senadoras y Senadores recibió la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reformar el artículo 73 de la Constitución y permitir la expedición de una Ley General en materia de feminicidio.
La propuesta busca establecer criterios comunes para investigar, sancionar y reparar el daño por este delito en todo el país.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la propuesta será analizada en el Congreso, donde se discutirá la facultad del Poder Legislativo para emitir una legislación general que obligue a las entidades federativas a armonizar sus marcos jurídicos.
Reforma constitucional para crear la Ley General de Feminicidio
Laura Itzel Castillo informó que la iniciativa plantea modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General en materia de feminicidio.
Con ello, este delito se convertiría en un tipo penal homologado en todo México.
De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ejecutivo federal, la nueva legislación busca unificar protocolos de investigación, establecer políticas de prevención y fortalecer la persecución penal para reducir la impunidad en casos de violencia feminicida.
Investigación obligatoria de toda muerte violenta de mujeres como feminicidio
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el Ministerio Público inicie de manera automática la investigación de cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio.
También se contempla la implementación de turnos continuos para asegurar que las indagatorias se realicen sin interrupciones.
Durante el anuncio de la iniciativa, la mandataria explicó el objetivo de la reforma: “El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio”.
Penas de hasta 70 años de prisión y nuevas agravantes
La propuesta legislativa establece sanciones más severas para quienes cometan este delito, así como criterios específicos para su tipificación.
Entre los elementos que contempla la iniciativa se encuentran:
- Pena de 40 a 70 años de prisión para el delito de feminicidio.
- Sanción para tentativa de feminicidio con penas proporcionales y multas.
- Reconocimiento de nueve razones de género para determinar el delito.
- Incorporación de 21 agravantes, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor o tenga alguna discapacidad.
- Consideración de contextos como relaciones de poder, antecedentes de violencia o motivaciones basadas en estereotipos de género.
Derechos de víctimas y familias en la nueva legislación
La iniciativa también incluye medidas orientadas a garantizar atención integral para víctimas directas e indirectas, así como mecanismos de reparación del daño.
Entre los derechos contemplados destacan:
- Acceso a la verdad, justicia y reparación integral.Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y familiares.
- Asesoría jurídica especializada y gratuita.Apoyo social para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio.
- Entrega digna del cuerpo de la víctima y servicios de traducción o interpretación cuando sea necesario.
Además, se plantea restringir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales y fortalecer la atención a mujeres en situación de violencia mediante refugios, líneas de apoyo y centros especializados.
Registro nacional y políticas para prevenir la violencia feminicida
La iniciativa prevé la creación de mecanismos institucionales para mejorar el seguimiento de estos casos y diseñar políticas públicas de prevención.
Entre ellos se contempla un registro nacional de feminicidios y la elaboración de programas integrales para atender la violencia contra las mujeres.
Asimismo, se propone la creación de un registro específico de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como campañas de concientización y grupos de apoyo para familiares de víctimas.
Con la recepción de la iniciativa en el Senado, el proyecto inicia su proceso de análisis legislativo, que podría derivar en una reforma constitucional y en la creación de un marco jurídico nacional para enfrentar la violencia feminicida en México.
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