Repuntan feminicidios en la CDMX en 2026: la ciudad de las mujeres “libres y seguras” encabeza la lista de llamadas de emergencia por violencia

El número de feminicidios en la Ciudad de México registró un repunte de 50% entre enero y febrero de 2026 (con nueve casos), en comparación con el mismo periodo de 2025 (seis casos), de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Partiendo de esta cifra, resalta el siguiente dato: la capital es la entidad que concentra la mayor cantidad de llamadas de emergencia por violencia contra mujeres a nivel nacional, lo que contrasta con el discurso oficial que la presenta como un espacio seguro para las mujeres.

Durante enero y febrero, la Ciudad de México acumuló cerca de una cuarta parte de las llamadas de auxilio relacionadas con violencia de género en todo el país, según el SESNSP. Sólo en este periodo, en la capital hubo 9 mil 663 llamadas de emergencia.

Este volumen posiciona a la entidad por encima de Chihuahua y el Estado de México. Sólo estos tres estados concentran 22 mil 988 incidentes de violencia contra la mujer, lo que representa el 56.8% del total nacional.

Incidencia en delitos sexuales

En este contexto, la Ciudad de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia en delitos sexuales, como la violación, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia local y registros federales.

Aunque en años recientes algunos delitos mostraron reducciones anuales, las cifras actuales reflejan un comportamiento que se mantiene en niveles elevados. Registros de la Fiscalía capitalina indican que los delitos sexuales continúan con una incidencia relevante, mientras que los feminicidios, tras descensos previos, muestran un nuevo incremento en el arranque de 2026.

A este escenario se suman fallas en las instituciones encargadas de atender los casos. De acuerdo con análisis del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, las víctimas enfrentan obstáculos al momento de denunciar, que van desde procesos que desalientan la continuidad de los casos hasta prácticas que limitan su avance en el sistema de justicia. Estas condiciones inciden en que una parte de las agresiones no llegue a investigarse plenamente.

En suma, los datos oficiales y los análisis académicos muestran una brecha entre el discurso oficial y la realidad documentada.