Organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) acusaron una persistencia y agravamiento de la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos en el sureste de México, mientras el discurso oficial sostiene una imagen de pacificación en la región.
El Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas documentó en su más reciente informe 124 agresiones durante 2025, cifra que representa un aumento del 25% respecto al año anterior.
Según datos difundidos por la Red TDT, este incremento confirma que el riesgo para quienes defienden derechos humanos en la zona permanece elevado.
Entre los hechos registrados, destaca el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, que fue objeto de allanamientos y robos en tres ocasiones en un corto lapso.
Las organizaciones señalan que la falta de reacción eficaz por parte de las autoridades no solo evidencia negligencia, sino que también pone en peligro la seguridad del personal y la información vinculada a su labor.
En la región Istmo-Costa, la defensora Poulette Celene Hernández, miembro del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, ha enfrentado amenazas, agresiones físicas y hostigamiento en su domicilio, sin que el Estado haya implementado una respuesta efectiva.
A su vez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sufrió el allanamiento de su vivienda a pesar de contar con medidas cautelares internacionales, lo que, según la Red TDT, constituye un mensaje de intimidación directa a quienes encabezan procesos de defensa.
Las agresiones también se han dirigido contra colectivos que acompañan la búsqueda de personas desaparecidas.
Se han documentado casos de criminalización, difamación e intimidación, así como el uso indebido de recursos institucionales para desacreditar y obstaculizar la labor de defensa.
Las organizaciones recalcan que estas acciones configuran un patrón de uso del aparato estatal para debilitar la protesta social.
La situación es especialmente grave para defensoras indígenas como Pascuala López López, mujer tsotsil que ha sido amenazada de muerte, atacada con armas, desplazada forzadamente y víctima de violencia sistemática.
Su experiencia refleja las condiciones extremas que enfrentan quienes defienden el territorio y la vida en contextos de desigualdad estructural.
En Chiapas, también se reportaron agresiones contra colectivas de búsqueda como Madres en Resistencia Chiapas, quienes han sido golpeadas, amenazadas e intimidadas por fuerzas de seguridad durante manifestaciones.
De acuerdo con la Red TDT, estos hechos exponen la falta de garantías incluso para quienes buscan a familiares desaparecidos.
La violencia alcanzó su expresión más extrema con el asesinato de Yerli Yaritza, joven buscadora de 18 años, quien fue asesinada mientras buscaba a su padre. Las organizaciones afirman que este caso muestra que buscar a un ser querido puede implicar el riesgo de perder la vida.
En Veracruz, durante 2025, se registraron al menos cuatro agresiones graves contra personas defensoras. Entre estas, el asesinato de Magdaleno Pérez Santes, integrante del Colectivo de Búsqueda “María Herrera” en Poza Rica.
Según denuncias, Pérez Santes fue arrestado ilegalmente el 10 de marzo por policías municipales, quienes lo golpearon brutalmente en la comandancia.
Tras su liberación, falleció al día siguiente a consecuencia de las lesiones. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de dos policías municipales por su presunta participación en el homicidio.
En julio de 2025, la radio comunitaria Radio Teocelo denunció censura y criminalización de su labor histórica de 60 años. El medio enfrentó acusaciones infundadas, persecución judicial, multas y censura continua, hechos que la Red TDT califica como parte de una estrategia para frenar el trabajo comunitario.
El comunicado subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón sistemático de intimidación, vigilancia, difamación y criminalización, dirigido a desarticular procesos organizativos y sembrar miedo en las comunidades.
Los allanamientos y robos contra organizaciones defensoras, como el caso del Fray Matías, ponen en riesgo a personas acompañadas y buscan debilitar la labor organizativa.
La Red TDT atribuye responsabilidad al Estado mexicano tanto por acción como por omisión, señalando la falta de prevención, ausencia de protección y la ineficacia en las investigaciones.
La situación se agrava por el contexto de militarización, políticas migratorias restrictivas e impunidad, lo que ha derivado en mayor estigmatización y criminalización de las personas defensoras.
Las organizaciones firmantes demandan el reconocimiento público de la responsabilidad estatal, la investigación inmediata y exhaustiva de las agresiones, la sanción de los responsables materiales e intelectuales, la implementación de medidas de protección integrales, el cese de la criminalización y garantías estructurales de no repetición.
Advierten que la inacción puede llevar a daños irreparables y llaman a organismos internacionales, redes y medios de comunicación a visibilizar estos hechos como parte de una violencia estructural.
La Red TDT enfatiza que la defensa de los derechos humanos no debe ejercerse bajo amenaza permanente y recalca: “Mientras defender derechos humanos siga implicando arriesgar la vida, la responsabilidad del Estado seguirá siendo ineludible”.
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