Congreso de la CDMX aprueba tope a pensiones doradas: así fue el debate para acabar con “privilegios”

Tras la aprobación del dictamen de pensiones doradas en la Cámara de Diputados, el congreso capitalino dio un paso decisivo al respaldar por unanimidad la reforma que establece límites a las jubilaciones y pensiones en entes públicos, como:

• Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
• Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
• Nacional Financiera (NAFIN)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)

La votación, con 46 votos a favor y ninguna abstención, refrendó el respaldo total a la modificación del Artículo 127 de la Constitución Política Federal.

La medida busca frenar los beneficios económicos excesivos que algunas personas del sector público han recibido por años. Diputadas y diputados de diferentes partidos subieron a tribuna para fijar postura sobre los cambios y el sentido de su voto, poniendo sobre la mesa las desigualdades que existen en el sistema de pensiones actual.

Pensiones doradas representan uso indebido del poder

Durante la sesión, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa manifestó que las pensiones elevadas representan un uso indebido del poder y la perpetuación de privilegios. Aseguró que el objetivo de la reforma es “no más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo”. Según la coordinadora de MORENA, los cargos públicos deben ser una responsabilidad, no una vía para asegurar ingresos desproporcionados de por vida.

Por su parte, Elvia Estrada Barba, del PVEM, resaltó la necesidad de la reforma ante la realidad de la mayoría de los jubilados, quienes “tienen que estirar el dinero para cubrir lo básico”. Señaló que el ajuste busca que el presupuesto beneficie de forma prioritaria a quienes más lo necesitan y cierre espacios a los abusos.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) señaló que en el pasado, bajo gobiernos neoliberales, el servicio público se distorsionó y se creó una estructura excluyente. “Mientras la mayoría apenas aspiraba a una jubilación básica, unos cuantos accedían a beneficios desproporcionados”, destacó.

Sin previsiones para futuras generaciones

Otras voces, como la de Patricia Urriza Arellano (MC), respaldaron el tope a las pensiones, pero señalaron que la iniciativa no consideró la justicia intergeneracional. Apuntó que su generación trabaja para financiar las pensiones de quienes la precedieron, sin garantías claras sobre su propio futuro previsional.

El vicecoordinador priista, Omar García Loria, advirtió sobre la importancia de respetar los derechos adquiridos y evitar incertidumbre jurídica. Manifestó que, aunque comparte la meta de evitar excesos, los cambios en acuerdos anteriores pueden abrir la puerta a conflictos legales.

Claves de la reforma a pensiones en entidades públicas

La decisión unánime en el Congreso de la Ciudad de México marca un hito en la regulación de las llamadas “pensiones doradas”. El nuevo marco legal establece límites claros a las jubilaciones y pensiones en entes públicos, con el objetivo de evitar abusos y privilegiar la justicia social.

Entre los puntos centrales de la discusión legislativa se encuentran:

• Eliminación de las pensiones mensuales de hasta un millón de pesos para funcionarios.
• Redirección del presupuesto hacia quienes más lo requieren.
• Reconocimiento de la necesidad de reglas claras para no vulnerar derechos adquiridos.
• Preocupación por la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y la garantía para futuras generaciones.

La modificación principal indica que las jubilaciones o pensiones de los entes estipulados en la ley no podrán superar la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo Federal, fijando como limite neto 67 mil 145 pesos.

El Congreso capitalino refrendó su respaldo a la reforma constitucional, afirmando que esta medida responde a una demanda ciudadana de mayor austeridad y equidad en el uso de los recursos públicos.

La aprobación final implica que las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas ya no podrán superar el tope constitucional, cerrando así la puerta a los privilegios de algunos sectores y marcando el inicio de una nueva etapa en la política previsional del país.