
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos daños ambientales ocasionados en un ecosistema de humedal localizado en el Puerto de San Blas, en el estado de Nayarit.
La querella fue interpuesta el pasado 19 de febrero contra quien o quienes resulten responsables de realizar obras y actividades que habrían afectado de manera directa este entorno natural considerado de alta importancia ecológica.
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De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, la denuncia surgió tras una visita de inspección realizada por personal de Profepa en la zona cercana al área conocida como la “U de Pescadores”. Durante el recorrido, los inspectores detectaron diversas alteraciones al ecosistema del humedal costero, entre ellas el derribo ilegal de mangle, una vegetación protegida debido a su papel fundamental en la estabilidad ambiental de las zonas costeras.
El mangle es reconocido por su capacidad para proteger las costas frente a fenómenos meteorológicos, además de contribuir a la regulación del clima y a la conservación de la biodiversidad. Por ello, su eliminación sin autorización representa una infracción a la legislación ambiental vigente y un impacto significativo para el equilibrio natural de estos ecosistemas.
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Además del retiro ilegal de esta vegetación, durante la inspección también se constató el relleno de humedales con material pétreo. Esta práctica, según explicó la autoridad ambiental, altera de forma considerable las condiciones naturales del terreno, ya que modifica la dinámica del agua y afecta la función ecológica del humedal. Estos espacios cumplen un papel clave en la filtración y almacenamiento de agua, la captura de carbono y la protección de numerosas especies de flora y fauna que dependen de este tipo de hábitats para sobrevivir.
Los inspectores también identificaron la construcción de diversas obras de carácter inmobiliario en la zona. Algunas de estas edificaciones se encontraban en proceso de desarrollo, mientras que otras aparentemente ya habían sido concluidas.
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Sin embargo, las autoridades señalaron que dichas construcciones no contaban con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esta situación contraviene lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, la cual establece los lineamientos para la preservación, restauración y manejo de humedales costeros en zonas de manglar.

Ante las irregularidades detectadas, la Profepa colocó sellos de clausura en los sitios donde se registró el derribo de vegetación de mangle y en las áreas donde se realizaban trabajos de relleno y construcción. Estas medidas buscan frenar cualquier actividad que continúe generando afectaciones en el ecosistema mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
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Como parte de las acciones legales, la dependencia federal determinó presentar una denuncia penal ante la FGR con el objetivo de que el Ministerio Público realice las indagatorias necesarias y determine, en su caso, las responsabilidades legales de quienes hayan participado en estas actividades.
Las autoridades ambientales recordaron que los humedales costeros y los manglares son ecosistemas estratégicos para el país, no solo por su riqueza natural, sino también por los servicios ambientales que ofrecen. Entre ellos destacan la protección de las costas ante tormentas y huracanes, el mantenimiento de la biodiversidad marina y su contribución a la mitigación del cambio climático.
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Finalmente, la Profepa reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y de actuar contra cualquier actividad que provoque la degradación de ecosistemas, particularmente aquellos que, como los humedales y manglares, tienen un valor ecológico fundamental.
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