No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

La Fiscalía General de la República explicó este viernes 1 de mayo que la solicitud recibida por parte de autoridades estadounidenses no corresponde a un proceso formal de extradición contra diez personas mexicanas, incluidos funcionarios públicos de Sinaloa, sino que la petición se limitó a requerir una detención provisional por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas formales que sustenten los cargos.

El anuncio estuvo a cargo de Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), quien estuvo acompañado por el fiscal Ulises Lara López.

La FGR subrayó que este procedimiento se rige por la legislación mexicana y los tratados internacionales aplicables.

El doctor Jiménez Vázquez precisó que la medida solicitada forma parte de un mecanismo preventivo, no de un proceso judicial extraditorio, y que la dependencia a su cargo solo puede actuar si existen fundamentos y pruebas sólidas que justifiquen la urgencia de la detención provisional.

Entre los diez señalados se encuentran cuatro funcionarios públicos en activo: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro Zaavedra; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

En los casos de Rocha Moya e Inzunza, no es posible proceder con la detención debido al fuero que les otorga sus cargos públicos, por lo que cualquier acción judicial contra ellos requeriría agotar primero el proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados, conforme a la ley mexicana.

FGR identificó falta de pruebas y urgencia en el caso

Durante la conferencia, Jiménez Vázquez informó que la revisión del expediente no permitió acreditar la urgencia ni los motivos de la detención, ya que no se incluyeron evidencias en la petición para justificar la medida cautelar.

“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”, explicó el funcionario.

El titular de la FECOC detalló que la solicitud se basa en el artículo once del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y el artículo diecisiete de la Ley de Extradición Internacional.

Explicó que la detención provisional es una restricción a los derechos humanos y solo puede proceder si se cumplen los requisitos legales y se acredita la urgencia ante riesgo de sustracción de la justicia.

Además, Jiménez advirtió que la difusión pública de la información sobre las personas reclamadas -incluido el gobernador Rubén Rocha Moya- pone en riesgo el debido proceso, motivo por el que la FGR pidió canalizar toda la documentación por vías confidenciales a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

SRE solicitará pruebas y documentos a Estados Unidos

La postura institucional de la Fiscalía fue enviar una comunicación a la SRE para que, por los canales diplomáticos correspondientes, se soliciten todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios a las autoridades estadounidenses.

El objetivo es que la FGR pueda analizar la información y determinar si la solicitud de detención cumple con los requisitos legales en México.

“Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación”, sostuvo Jiménez Vázquez.

El funcionario explicó que el trámite de extradición formal inicia solo cuando la autoridad extranjera presenta la petición respectiva ante la SRE, que a su vez la remite al Poder Judicial para obtener la opinión de un juez de control.

“Todo esto desemboca finalmente en la emisión de un acuerdo de la Cancillería acerca de si se accede o no a la petición de extradición internacional”, indicó.

Añadió que esa resolución puede ser impugnada mediante juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, y que en cada etapa los plazos dependen del cumplimiento de los requisitos formales y la presentación de pruebas.

Jiménez Vázquez concluyó que, en la etapa actual, la FGR solo puede pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada y que, si Estados Unidos decide iniciar un proceso de extradición formal, México seguirá el procedimiento establecido en los tratados y la ley nacional.

La FGR reiteró su compromiso con la legalidad, la protección de los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional.

Quiénes son los 10 mexicanos señalados de posibles nexos con el narcotráfico, según EEUU

Estados Unidos identificó a diez mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico y presentó diversos cargos en su contra, incluida la conspiración para introducir drogas.

De ellos, cuatro son funcionarios públicos en activo y seis son exservidores.

Funcionarios públicos en activo:

• Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años
• Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años
• Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años
• Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años

Exservidores públicos:

• Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años
• Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años
• Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años

En el caso del gobernador Rocha Moya, los cargos señala que el grupo criminal comandado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán habría colaborado secuestrando candidatos y amenazando a servidores para que llegara al poder, esto presuntamente a cambio de que él los dejara traficar con libertad en la entidad.

En caso de que el gobernador llegara a ser enjuiciado en territorio estadounidense y se encontrara culpabilidad, la sentencia mínima serían 40 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.