La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México inhabilitó a Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. para participar en contrataciones y celebrar contratos con la Administración Pública Federal, según informó la dependencia mediante comunicado oficial.
Dicha sanción fue notificada el 30 de enero y publicada oficialmente este 10 de febrero, tras la rescisión reiterada de contratos públicos de las empresas.
Grupo Industrial Asad y Sistematización Itzcoatl recibieron una multa cada uno superior a 700 mil pesos
Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. recibió una multa de 791 mil 980 pesos y una inhabilitación de un año y tres meses.
La sanción se fundamentó en la rescisión de cuatro contratos en un periodo de cuatro meses y 20 días, firmados con los Centros de Integración Juvenil, el Colegio de la Frontera Sur, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estos convenios estaban dirigidos a la adquisición de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección.
Por otra parte, Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 701 mil 468 pesos y quedó inhabilitada por un año, tras la rescisión de dos contratos en un plazo de trece meses y 18 días.
Los contratos afectados fueron celebrados con IMSS-Bienestar y el Colegio de la Frontera Sur, para la provisión de ropa hospitalaria y equipo de protección.
Ambas compañías fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas licitaciones con el gobierno federal durante el periodo de inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las medidas se dictaron conforme a la ley, tomando en cuenta criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas. El organismo aclaró que “las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”.
Sanciones a empresas de seguridad privada
De acuerdo con información obtenida por Infobae México, el panorama de sanciones administrativas a proveedores del sector público se ha extendido a otros ámbitos recientemente.
Durante 2025, autoridades federales impusieron sanciones a más de 20 empresas de seguridad privada por diversas irregularidades, como omisiones en la actualización de registros, documentación incompleta, problemas en los exámenes médicos y de capacitación, y la prestación de servicios no autorizados. Las sanciones incluyeron multas, amonestaciones públicas, suspensión de permisos y la difusión pública de las resoluciones para garantizar transparencia.
Estas multas en el sector de seguridad privada superaron los 325 mil pesos por empresa, y varias compañías fueron penalizadas por reincidencia en faltas administrativas. La autoridad reguladora ha publicado estas resoluciones para prevenir riesgos y promover el cumplimiento de la ley, conforme a los lineamientos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) fundamentó estas acciones en el incumplimiento de artículos clave de la Ley Federal de Seguridad Privada, especialmente los artículos 12, 13, 25, 28 y 32, además de diversas fracciones del Reglamento correspondiente. Dichos lineamientos buscan garantizar la capacidad, la confiabilidad y la trazabilidad de los servicios que ofrecen las empresas de ese gremio.
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