
La política tributaria de México afrontará en 2026 un cambio trascendental, tras la aprobación del Paquete Económico 2026, que consolida la intención estatal de fortalecer la recaudación al aplicar aumentos notables de impuestos a productos como cigarrillos, bebidas azucaradas y apuestas, al tiempo que introduce ajustes para reforzar el gasto social y la prevención en salud.
Esta reforma coincide con el objetivo gubernamental de reducir la dependencia de ingresos petroleros, situando la recaudación tributaria como núcleo de las finanzas públicas. Según las cifras oficiales citadas por el Paquete Económico 2026, se prevé un ingreso tributario de 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos en el próximo ejercicio.
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La Ley de Ingresos, aprobada primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, involucra una estimación de ingresos totales superiores a 10.1 billones de pesos, de los cuales la recaudación tributaria representará la fuente primordial de financiamiento.
Además, el endeudamiento público autorizado para 2026 alcanza los 1.8 billones de pesos en el ámbito interno y 15 mil 500 millones de dólares en el externo.
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Impuestos a los cigarros y productos del tabaco

En el ámbito de impuestos, el foco está puesto en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El paquete aprobado incrementa la tasa ad valorem para productos de tabaco de 160% a 200%, lo que implica un aumento sustancial en el precio final de los cigarros, además de la cuota fija por unidad.
De este modo, cada cigarro llevará un IEPS fijo de 0.8516 pesos en 2026, frente a los 0.6445 de 2025, lo que significa que una cajetilla de veinte unidades incluirá una carga impositiva de 17.03 pesos solo por este concepto, sin considerar el IVA general. Esta cuota incrementará anualmente hasta alcanzar 1.1584 pesos por cigarro en 2030, conforme a la progresión fijada.
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Esta reforma fiscal no solo abarca los cigarrillos convencionales. También incorpora bolsas de nicotina y otros productos emergentes en la regulación del IEPS. Los puros hechos a mano serán gravados con una tasa ad valorem de 32%, y los artículos aprobados como medicamentos de reemplazo quedarán exentos, siempre que cuenten con el registro sanitario correspondiente.
Impuestos a las bebidas azucaradas

En paralelo, el sector de bebidas saborizadas asumirá una mayor presión fiscal. El Congreso duplicó la cuota de IEPS aplicable a estos productos, que sube de 1.6451 pesos en 2025 a 3.0818 pesos por litro en 2026, lo que afecta a los refrescos regulares, polvos y jarabes, tanto comerciales como artesanales, e incluye la totalidad de azúcares calóricos y no calóricos, así como edulcorantes artificiales y naturales.
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Esta medida tiene una justificación sanitaria, ya que, según datos citados por el Paquete Económico 2026, el 76.2% de la población mayor de 20 años presenta sobrepeso u obesidad en México. Mientras tanto, el consumo per cápita anual de refrescos, de acuerdo con la SHCP, alcanza 166 litros por habitante.
Cabe destacar, que el gobierno y la industria refresquera acordaron el 18 de octubre que para las versiones sin azúcar, “light” o de dieta el impuesto se mantendrá en 1.50 pesos por litro. A cambio de esto las empresas deberán de reformular los refrescos para disminuir la cantidad de este ingrediente, ampliar el catálogo a opciones más saludables y cambiar su publicidad.
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Los recursos recaudados de la industria de refrescos se destinarán a estrategias de prevención y atención a enfermedades crónicas, como diabetes y problemas cardíacos, ante un costo de atención médica para estas afecciones que roza los 116 mil millones de pesos anuales, según el Paquete Económico 2026.
Impuesto a los llamados “videojuegos violentos”

Por su parte, la propuesta inicial preveía imponer un IEPS del 8% sobre la venta, descarga y acceso digital a videojuegos con contenido violento o para adultos, gravamen que aplicaría tanto a la venta física como a la digital y que alcanzaría a plataformas nacionales y extranjeras sin establecimiento en México.
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Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 23 de diciembre que, tras analizar la dificultad de definir y clasificar objetivamente los niveles de violencia en los videojuegos, se eliminó el impuesto para este sector. La mandataria explicó en su conferencia matutina: Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia. Entonces tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto”.
En sustitución, el gobierno impulsará una campaña de concientización para alejar a niños y adolescentes de la violencia digital, siguiendo un enfoque similar al de las acciones contra el consumo de drogas.
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Por su parte, el segmento de apuestas y sorteos sufrirá incrementos significativos: el impuesto ad valorem correspondiente subirá de 30% a 50% sobre el monto apostado o percibido, afectando tanto a servicios presenciales como digitales e incluyendo a proveedores extranjeros sin residencia fiscal en el país. El ajuste busca proporcionar herramientas para combatir operaciones ilícitas y mitigar el impacto social de la ludopatía.
Perspectivas económicas para el 2026

En cuanto al contexto macroeconómico, la Ley de Ingresos prevé un rango de crecimiento real de entre 1.8% y 2.8% para 2026, con una inflación del 3% y un tipo de cambio proyectado en 19.30 pesos por dólar, así como una producción petrolera estimada en un millón 794 mil barriles diarios.
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El paquete fiscal fue aprobado en un escenario político polarizado. Morena y sus aliados defendieron los aumentos como herramientas para fortalecer los programas sociales y la infraestructura, en tanto que la oposición, representada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, objetó el incremento de la carga fiscal y cuestionó la transparencia en el destino de los recursos recabados.
Tras la promulgación, la presidenta Sheinbaum celebró el respaldo legislativo a la reforma. La mandataria se reunió con legisladores de Morena, PT y PVEM en Palacio Nacional el pasado 20 de noviembre, donde subrayó que el Paquete Económico 2026 permitirá consolidar políticas para el bienestar social.
De este modo, el Paquete Económico 2026 redefine el modelo recaudatorio mexicano y refuerza la intervención estatal en sectores identificados como generadores de riesgo sanitario y social, en un entorno de competencia política y debate público sostenido por cifras, prioridades de gasto y la salud colectiva como eje de la transformación legislativa.
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