El debate en el Congreso de la Ciudad de México se intensificó tras los disturbios ocurridos en la explanada del Zócalo capitalino el pasado 15 de noviembre, cuando una manifestación derivó en actos violentos.
La atención se centró en la presunta intervención de grupos organizados y en la posible implicación de figuras políticas de oposición, lo que llevó a los legisladores a exigir una investigación exhaustiva y a plantear medidas de control institucional.
El diputado Paulo Emilio García González, representante de MORENA, sostuvo que los incidentes no respondieron a una movilización espontánea ni apartidista, sino que formaron parte de una estrategia deliberada para generar caos. Según sus declaraciones, “se quiso usar a las juventudes escondiéndose detrás de la llamada Generación Z, para expresar odio a nuestro movimiento y al pueblo”.
García González afirmó que existen “pruebas que confirman que detrás de los hechos violentos del Zócalo están figuras centrales de la oposición”, quienes habrían operado para provocar los disturbios, y subrayó que durante la protesta no se escucharon demandas genuinas de los jóvenes.
En respuesta a la posible participación de funcionarios vinculados a las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el Congreso solicitó la separación temporal de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y del alcalde Mauricio Tabe Echartea, así como de cualquier otro servidor público que haya intervenido en los hechos.
Además, se exhortó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a establecer un acuerdo para crear una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre los actos violentos. La proposición incluyó también un llamado a la titular de la Secretaría de la Contraloría General CDMX para que indague posibles casos de coacción a funcionarios y comerciantes de las demarcaciones mencionadas.
El posicionamiento oficialista fue acompañado por un llamado a los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) para que se sumen a la condena de la violencia y respalden la resolución pacífica y democrática de las diferencias políticas.
Desde la oposición, el congresista Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) manifestó su rechazo a la creación de la comisión especial propuesta. En su intervención, advirtió que, de concretarse, esta instancia debería ser “una comisión de la verdad, no de persecución, autónoma, plural y con facultades reales, que no responda a intereses del poder, sino de la exigencia de la justicia, una comisión que investigue los abusos cometidos por servidores públicos, documentar los hechos y visitar a las personas detenidas”.
Por su parte, el legislador Gerardo Villanueva Albarrán (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) respaldó la continuidad de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), insistiendo en la necesidad de transparencia y apego a la ley para identificar a los responsables. Villanueva Albarrán puso en duda el origen de los 90 millones de pesos destinados a la campaña en redes sociales que promovió la movilización, cuestionando la legitimidad de los recursos empleados.
La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) centró su intervención en la defensa de la ciudadanía, criticando tanto la violencia ejercida por los participantes de la marcha como la respuesta de las fuerzas gubernamentales. Rangel Lorenzana afirmó que “se debe defender a las y los ciudadanos de bien, no al narcotráfico”, y denunció el uso excesivo de la fuerza contra quienes acudieron a manifestarse.
Finalmente, el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) expresó su respaldo a los jóvenes que participaron en la movilización, pero diferenció su apoyo de quienes, según él, usurparon el movimiento con el objetivo de desestabilizar mediante una campaña en redes sociales financiada con millones de pesos, contratos con participantes, acarreo y distribución de pancartas.
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