La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que su administración inició una investigación contra Javier Robles Aguirre, director de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación estatal, por presuntos vínculos con una red empresarial ligada al Cártel de Sinaloa.
“Se va a investigar, por supuesto, que sí. Cuando tuvimos esta información y nos enteramos de estas 15 empresas, se solicitó al SAT Baja California y al Poder Ejecutivo que se hiciera una investigación total de estas empresas”, dijo Ávila Olmeda.
En entrevista con medios, la mandataria detalló que tuvo conocimiento del caso tras la publicación realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 18 de septiembre, en la cual se reveló la existencia de una red de empresarios y funcionarios públicos que operaban en el municipio de Playas de Rosarito para favorecer a la facción conocida como Los Mayos, presuntamente encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.
Gobernadora asegura que funcionario se había deslindado de empresa
Entre las empresas señaladas se encuentra Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., fundada en abril de 2013 por Jesús “N” —considerado uno de los principales operadores del grupo criminal— junto con Robles Aguirre y otras tres personas.
Aunque el funcionario asegura haberse deslindado de la sociedad, en el Registro Público de Comercio únicamente aparece el acta constitutiva, sin documento alguno que confirme su salida de la empresa.
“Toda la investigación que se tenga que realizar, todo el respeto a las investigaciones que se estén realizando por parte del gobierno de EU, el propio servidor público, hace del conocimiento público ante medios, es que hace muchos años no tiene participación en esta empresa y él se deslinda de esta persona que es señalada por el gobierno norteamericano”, expresó la gobernadora.
Congreso pide a Fiscalía inicié su propia investigación
El informe del Departamento del Tesoro también involucró a la ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown, acusada de presuntamente facilitar operaciones del cártel desde el Ayuntamiento.
Asimismo, se señaló que funcionarios locales habrían participado en el cobro de extorsiones bajo protección del crimen organizado.
Ante ello, diputados locales del PAN —María Yolanda Gaona Medina, Santa Alejandrina Corral Quintero y Diego Echevarría— junto con la legisladora de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, presentaron un exhorto para que la Fiscalía General del Estado abra una carpeta de investigación formal.
Con esta acción, el Congreso busca que el caso no quede únicamente en el ámbito administrativo, sino que se determine si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, la administración estatal asegura que colaborará con cualquier instancia que lo requiera.
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