
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como los titulares de la Fiscalía del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, negaron que exista desplazamiento forzado en la Frontera Comalapa derivado de la violencia generada por grupos criminales.
Estas declaraciones surgen luego de que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informara el ingreso de desplazados mexicanos como consecuencia de la violencia registrada en Chiapas desde el pasado 10 de agosto, en el que han sido atendidas más de 100 personas.
A través de un comunicado, el IGM detalló que los mexicanos serían originarios de las comunidades de Santa Teresa Llano Grande, Paso Hondo, El Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, todas del municipio de Frontera Comalapa.

Al respecto, el gobernador de Chiapas aseguró que varias de las personas que abandonaron el ejido El Sabinalito para resguardarse en Guatemala tienen a familiares detenidos.
“Respecto a las personas que se fueron del ejido Sabinalito, Frontera Comalapa, y ahora se resguardan en Guatemala, les informo que varios de los familiares de ellos están detenidos enfrentando un proceso penal”, escribió en redes sociales.
Eduardo Ramírez también negó que el desplazamiento hacia Guatemala se deba a la violencia y acusó a los grupos criminales que operan en ese país de querer “desacreditar” la estrategia de seguridad pública.
“La delincuencia organizada que opera en el vecino país de Guatemala quiere desacreditar nuestra estrategia de seguridad pública que ha dado tranquilidad y paz social a Chiapas, tratando de menoscabar nuestras acciones y querer infundir que en Chiapas hay desplazamientos forzados por la delincuencia. Niego categóricamente ese hecho”, aseguró.

Por su parte, Óscar Alberto Aparicio y Jorge Luis Llaven encabezaron una conferencia de prensa este miércoles en la que aseguraron que las personas desplazadas del municipio de Frontera Comalapa hacia Guatemala, lo hicieron de forma voluntaria, posiblemente al tener algún parentesco con personas generadoras de violencia que se ubican en ese país.
“Gracias al importante despliegue y a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, hoy ninguna familia tiene motivos de violencia para desplazarse de manera forzada. Lo que se vivía hace un año, que eran horas interminables de violencia y que la gente estaba sometida, es cosa del pasado”, afirmó el fiscal general.
Cabe señalar que en el estado de Chiapas se mantiene una disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha provocado el desplazamiento forzado de habitantes en los últimos dos años de sitios como la Frontera Comalapa.
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