
Villahermosa, Tabasco, se ha convertido en la ciudad con mayor percepción de inseguridad en México, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El 95.3% de los habitantes consideraron que vivir en esa región es inseguro, colocándola en el primer lugar de entre las 91 ciudades evaluadas.
De acuerdo con la ENSU, Villahermosa encabeza el ranking nacional de percepción de inseguridad, seguida de otras ciudades como Uruapan (92.5%), Fresnillo (90.9%), Culiacán Rosales (90.6%), Tuxtla Gutiérrez (90.6%) y Tapachula (90.1%). En contraste, el promedio nacional se situó en 61.7%, lo que refleja que la percepción en Villahermosa es mucho más alta que la media nacional.
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Este aumento, que prácticamente duplicó los índices anteriores, está relacionado con la pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo criminal local conocido como La Barredora.

De acuerdo con el analista en seguridad pública, David Saucedo, en una entrevista con Adela Micha en el programa “Me lo dijo Adela”, afirmó que los resultados reflejan un pulso de lo que está ocurriendo en materia de percepción de inseguridad.
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El CJNG y La Barredora: una guerra territorial
Según Saucedo, Tabasco vivía bajo una “pax narca” hasta hace dos años, cuando el CJNG incursionó en el estado. Esto rompió el control único que mantenía La Barredora, un grupo criminal local que durante años operó con una supuesta red de protección política y policial.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación se apoderó de la zona metropolitana de Villahermosa. Logró dividir al grupo llamado La Barredora: la mitad está apoyando al Cártel Jalisco, la otra mitad sigue en pie de lucha combatiendo”, explicó Saucedo.
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Además, el CJNG replicó en Tabasco su estrategia habitual de expansión. “No solo es un grupo criminal, sino que también hace alianzas con las autoridades políticas, financiando campañas o amedrentando candidatos que no sean afines a su proyecto criminal. En paralelo también va creando una base social de apoyo”, comentó Saucedo, quien agregó que en Villahermosa han comenzado a distribuir medicinas, juguetes e incluso préstamos a la palabra para ganar aceptación social.

El enfrentamiento entre el CJNG y La Barredora ha generado una ola de extorsiones y ataques en Villahermosa, particularmente en negocios como bares, restaurantes, hoteles y desarrollos inmobiliarios. Según el experto, los grupos criminales utilizan el cobro de “derecho de piso” como una forma de financiar su guerra territorial.
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“Lamentablemente, en bares, restaurantes y centros nocturnos de Villahermosa se comercializan drogas ilícitas. Los grupos criminales que están en pugna por el mercado local de venta de drogas al menudeo atacan aquellos espacios comerciales en donde detectan que se vende el producto de la competencia”, explicó.
El especialista también indicó que la violencia económica en Tabasco incluye masacres relacionadas con la extorsión.
El impacto del crimen organizado en Tabasco no solo afecta a los ciudadanos y empresarios, sino también a los medios de comunicación. Saucedo advirtió que tanto el CJNG como La Barredora han intentado imponer líneas editoriales a los medios locales.
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Recalcó que un ejemplo reciente es el caso del periodista Alejandro Gallegos, criticó que aunque las autoridades locales aseguraron en menos de 24 horas que su asesinato no estaba relacionado con su labor periodística, Saucedo cuestionó esta versión oficial. “Me parece inconcebible. No puedo creer que la fiscalía pudiera rápidamente detectar y identificar que no tenía nada que ver su actividad periodística”, afirmó.
Gallegos, quien también era columnista, había realizado críticas importantes a la élite política y al crimen organizado.
Nexos con la política y el reto en seguridad

David Saucedo también abordó las denuncias del actual gobernador de Tabasco, Javier May, quien acusó a su antecesor, Adán Augusto López, de haber permitido que La Barredora operara con protección política durante su gestión.
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“Desde hace tiempo se sabía que este grupo local había recibido un anillo de protección política y policial, y que fue denunciado recientemente por el gobernador Javier May”, comentó Saucedo.
A pesar de las promesas del actual gobernador de limpiar las corporaciones de seguridad pública y pacificar el estado, la situación en Tabasco sigue siendo crítica. Según el experto, la estrategia de culpar a las administraciones anteriores tiene un límite: “Le puede funcionar seis o diez meses, pero no más de ese lapso. Los propios ciudadanos en algún momento le van a exigir al actual gobernador que ponga manos a la obra”.
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Tabasco, considerado un pilar de la Cuarta Transformación, enfrenta hoy una crisis que desafía las promesas de pacificación en el sureste mexicano.
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