Denuncia ante Profepa por caso Topolobampo: instalarán planta de amoniaco y comunidades se oponen por riesgo ambiental

La construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, representa un riesgo para las comunidades indígenas Mayo-Yoreme que habitan la zona. La noticia no es reciente, llevan años buscando que se cancele este proyecto, sin embargo, a pesar de los esfuerzos —que incluyen múltiples recursos legales— actualmente parace más una realidad que se construya.

En días recientes, se viralizaron las imágenes del traslado de tanques de almacenamiento industrial a la zona, encendiendo las alarmas y manifestaciones en las comunidades para intentar evitar a toda costa que esa planta se construya, al considerar que afecta al medio ambiente.

En ese contexto, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se sumó a las exigencias por frenar este proyecto y presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al considerar que estos actos y omisiones “han producido desequilibrio ecológico, daños al amiente y a los recursos naturales en el Puerto de Topolobampo”.

A través de sus redes sociales, el político emecista compartió una copia de la denuncia por el proyecto a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, que a su vez forma parte de la compañía suizo-alemana Proman que “prevé la producción de dos mil 200 toneladas diarias de ammonicaco, además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la proyección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico”.

Esta postura se suma a muchas más de colectivos y sociedad civil que buscan detener a toda costa esta planta, que se suma a otras luchas ambientales que actualmente están sucediendo en el diferentes regiones a lo largo y ancho del país.

Qué riesgos enfrenta Topolobampo con la construcción de esta planta de amoniaco

El caso se remonta a 2014, cuando la empresa recibió la autorización ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Después de ello, la población pronto se dio cuenta del riesgo que representaba tener una planta de amoniaco en los alrededores de su vivienda, por lo que comenzaron con las acciones para frenar su construcción.

Aunque la empresa reportó haber realizado mesas de diálogos y comunicación con las comunidades indígenas para informar sobre todos los detalles que implicaba el proyecto, como indica la legislación de Semarnat, los habitantes han denunciado que nunca hubo un consenso ni una aceptación total por parte de las comunidades. No obstante, la planta avanzó.

El principal argumento opositor es el posible impacto negativo sobre el ecosistema de la bahía de Ohuira y el modo de vida de las comunidades que dependen de la pesca, así como la falta de una consulta previa libre e informada. Además, sus impactos no han sido reportados únicamente por México, donde se advierte sobre amenazas a aves, especies marinas y contaminación de la región, sino que también existe evidencia de organismos internacionales sobre por qué no debería construirse.

En 2025, la ONU emitió una resolución expresando preocupación por los riesgos para comunidades indígenas y el entorno natural, y cuestionando la actuación de los gobiernos de México, Alemania y Suiza en la protección de los derechos de estas poblaciones.