El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, envió a juicio oral y público al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de aceptar las pruebas que presentaron los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, tras casi ocho años de investigación.
En el marco del sistema Acusatorio, la defensa cuestionó la decisión y anticipó que apelará el rechazo de las medidas probatorias que había solicitado e insistirá para que se realicen nuevas pericias contables.
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Según el abogado de Urribarri, el doctor Miguel Cullen, el análisis de la fiscalía se basó en un informe “inconcluso” y parcial, elaborado con ingresos y egresos de toda la familia. Además, objetó que se hubiera avanzado sobre el patrimonio personal de Urribarri sin participación de los abogados defensores.
Cullen indicó que “la contadora Romina Stepanic Puey, vinculada al Ministerio Público, y el profesional propuesto por la defensa habían acordado inicialmente un estudio sobre el patrimonio familiar, desmembrando el informe sin participación de la defensa”.
Agregó que “de haberse continuado con el criterio inicial y habiendo obtenido la documentación restante que la misma fiscalía reconoció, revelarían de poder completarse, que la familia posee un patrimonio absolutamente equilibrado”.
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Detalló que en el informe pericial “no se pudieron incorporar todos los ingresos del hijo futbolista de Urribarri en 3 clubes de fútbol, y sobre todo, el más importante de los años de juego en Grecia”.
La acusación fiscal
La causa contra Sergio Urribarri investiga un supuesto incremento patrimonial injustificado de $ 11.546.740,92, USD 7.245.441 y 16.300 euros.
Según el planteo fiscal, Urribarri habría recurrido a terceros para disimular la titularidad real de dinero, vehículos, propiedades y otros activos. Entre esas personas aparece el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, vinculado a la empresa Relevamientos Catastrales S.A., que fue contratista del Estado entrerriano.
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La investigación sostiene que Cardona Herreros habría puesto a disposición su estructura empresarial, empleados y nombre para canalizar pagos, viajes, compras y registraciones de bienes. La fiscalía analiza si esa intervención permitió ocultar quién era el propietario efectivo de determinados recursos.
También está involucrado Rubén Ángel Martínez, relacionado con Relevamientos Catastrales. Martínez resolvió su situación procesal a través de un juicio abreviado.
En el expediente figura como titular de un Ford Focus Ghia adquirido en 2011 por $ 117.000. Sin embargo, las autorizaciones para manejar ese vehículo estaban extendidas a favor de familiares directos de Urribarri, incluidos su hijo Mauro Gabriel Urribarri y su esposa, Ana Lía Liliana Aguilera.
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La pesquisa incluyó gastos por viajes internacionales de Urribarri y su entorno familiar a destinos como Atenas, París, Roma, Cancún, Miami, Nueva York, Londres y Río de Janeiro.
Además, se revisaron inmuebles en Puerto Madero y la Ciudad de Buenos Aires, reformas en una casa de Concordia, vehículos, un reloj Rolex, esculturas de Murano, una moto de agua, un gomón y equipamiento para la denominada Casa del Lago.
La Justicia deberá determinar si esos bienes y gastos guardan relación con los ingresos declarados por el exmandatario o si fueron adquiridos mediante fondos de origen no justificado.
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