El Tribunal Superior de Justicia porteño ya resolvió todas las causas anteriores a 2025

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) informó que ya no tiene causas en trámite correspondientes a 2024 o años anteriores. Los expedientes más antiguos que permanecen pendientes de resolución son los que ingresaron durante 2025. El dato marca una reducción del stock de causas acumuladas en el organismo, en un contexto de crecimiento de la actividad judicial.

Al 28 de octubre de este año, el Tribunal había resuelto 28.178 causas, en medio de un incremento sostenido en la cantidad de expedientes que ingresan a la máxima instancia judicial porteña.

Las cifras también muestran un aumento de la producción de sentencias durante el primer semestre de 2026. En ese período, el TSJ dictó 2.362 sentencias, frente a las 764 registradas durante los primeros seis meses de 2025. La comparación representa más del triple de resoluciones. Si se consideran específicamente las sentencias definitivas, la cantidad pasó de 557 a 1.760 entre ambos períodos.

A su vez, durante la primera mitad del año se resolvieron 1.782 causas, un volumen superior al que habitualmente registra el Tribunal en ese tramo del calendario judicial.

El impacto del fallo “Levinas”

Este movimiento se produjo en un escenario de mayor demanda de intervención del organismo, a partir de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Levinas”. En esa decisión, el máximo tribunal reconoció al TSJ porteño como instancia de revisión de las sentencias dictadas por los fueros nacionales ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

La ampliación de sus competencias modificó el volumen de trabajo del Tribunal. Durante 2025, el ingreso de expedientes aumentó más del 300% en términos interanuales, mientras que en el primer semestre de 2026 se incorporaron más de 2.250 nuevas causas.

El incremento obligó a revisar la organización interna y los mecanismos de tramitación para atender la nueva demanda y evitar que el crecimiento de los ingresos se tradujera en una mayor acumulación de expedientes, sin afectar las garantías del debido proceso.

Como parte de esa reorganización, el Tribunal, integrado por su presidenta Inés Weinberg, la vicepresidenta Alicia Ruiz y los jueces Luis Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, creó dos nuevas dependencias: la Secretaría de Asuntos Laborales y la Secretaría de Asuntos Civiles y Comerciales. Ambas áreas fueron incorporadas para atender el ingreso de expedientes en esas materias y, según los datos difundidos por el organismo, ya tienen incidencia en la resolución de las causas.

Otro de los cambios se vincula con la infraestructura y la incorporación de tecnología. Con la apertura de una nueva sede, que se suma a la que ya tenía en funcionamiento, el TSJ también puso en marcha un proceso de digitalización integral y comenzó a incorporar herramientas de inteligencia artificial para asistir al personal letrado. El objetivo es automatizar tareas procesales rutinarias, reducir los tiempos administrativos y facilitar el seguimiento de los expedientes.

Un tribunal de 28 años

La transformación de su estructura de trabajo se desarrolla cuando el organismo cumple 28 años desde su creación, en 1998. Desde entonces, el Tribunal interviene en causas que llegan a la máxima instancia judicial de la Ciudad y fija criterios de interpretación para los litigios que se tramitan en esa jurisdicción. En ese marco, el aumento de sus competencias a partir del fallo “Levinas” planteó nuevos desafíos para su funcionamiento y para la capacidad de respuesta ante los planteos.

El dato indica que, según el registro informado por el TSJ, no quedan expedientes ingresados hasta el 31 de diciembre de 2024 que continúen en trámite ante el organismo. La evolución de las estadísticas muestra que ese proceso coincidió con un aumento considerable de la cantidad de sentencias dictadas. Durante el primer semestre de 2026, el número de sentencias fue más de tres veces superior al del mismo período del año anterior.

La creación de nuevas secretarías, la apertura de otra sede y la incorporación de herramientas tecnológicas forman parte de las medidas adoptadas para responder a ese escenario. La inteligencia artificial y la digitalización apuntan a reducir las tareas administrativas y agilizar la tramitación de los expedientes.