La Cámara Federal de Casación Penal revisará las condenas impuestas a Julio Miguel De Vido, Daniel Omar Cameron y Cristian Alberto Folgar, y la absolución de Luis Alberto Beuret en la causa que investiga la presunta corrupción en la contratación de Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió los recursos presentados por la defensa de los tres condenados y por los fiscales Diego Sebastián Luciani y José Miguel Ipohorski Lenkiewicz, quienes cuestionaron la absolución de uno de los acusados.
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El defensor oficial Santiago Finn recurrió, en representación de Cameron, De Vido y Folgar, los puntos del fallo que rechazaron el planteo de prescripción por plazo razonable de la acción penal.
Por su parte, el Ministerio Público impugnó la absolución de Beuret, para quien había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces del TOF 2 concluyeron que ambos recursos fueron presentados dentro del plazo habilitado, por partes legitimadas y contra una sentencia definitiva. Por ese motivo, concedieron las apelaciones y dispusieron que los interesados comparezcan en los próximos tres días ante el tribunal de alzada.
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La sentencia que ahora deberá revisar la Cámara Federal de Casación condenó al exministro de Planificación Julio De Vido a tres años de prisión de ejecución condicional, como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El exsecretario de Energía Daniel Cameron recibió tres años de prisión de ejecución condicional, en calidad de autor del mismo delito.
El exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, como partícipe necesario, mientras que los exdirectivos de CAMMESA Luis Beuret y Julio Bragulat resultaron absueltos.
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El planteo de la defensa
La presentación del defensor oficial formuló objeciones a la aplicación del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y sostuvo que la duración del expediente vulneró la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
Entre sus agravios incluyó cuestionamientos vinculados con el principio de legalidad penal, el estado de inocencia, el derecho de defensa y la valoración de la prueba reunida contra los acusados.
Como planteo principal, Finn solicitó que se declare extinguida la acción penal y se absuelva a los tres imputados. De manera subsidiaria, reclamó la revocación de las condenas al considerar que las conductas atribuidas no encuadran en el delito imputado y que la prueba de cargo resulta insuficiente.
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La defensa también pidió revisar específicamente la responsabilidad atribuida a De Vido y Folgar y cuestionó la constitucionalidad de la inhabilitación especial perpetua impuesta a los tres condenados.
La apelación de los fiscales
Luciani e Ipohorski Lenkiewicz impugnaron exclusivamente el punto del fallo que absolvió a Beuret, al considerar que la decisión derivó de una interpretación y aplicación erróneas de la ley penal.
Los fiscales sostuvieron que el pronunciamiento contiene fundamentos aparentes, omite elementos que consideraron determinantes y presenta contradicciones que, a su criterio, lo vuelven arbitrario.
En el expediente se investiga el presunto direccionamiento de las licitaciones correspondientes a las obras de la segunda ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
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