Jueces y funcionarios porteños participaron de una cumbre en el Vaticano

Una delegación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires viajó hasta la Ciudad del Vaticano para participar de la cumbre internacional “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, un encuentro que reunió a representantes de tribunales de distintos continentes con el objetivo de debatir el rol que debe asumir la Justicia frente a la crisis ambiental y sus consecuencias sobre las poblaciones más desprotegidas. Las jornadas tuvieron lugar el 6 y 7 de octubre en la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

La convocatoria estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), un espacio de estudios creado en 2023 por el papa Francisco. Hasta allí llegaron jueces de cortes nacionales, regionales e internacionales, junto a especialistas del ámbito jurídico y académico de diversos países. El propósito central fue analizar de qué manera los sistemas judiciales pueden ofrecer respuestas efectivas ante un fenómeno que ya afecta de forma directa los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo.

Al cierre de las dos jornadas, los participantes suscribieron la “Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática”, un documento en el que advirtieron que la emergencia climática constituye “una amenaza existencial” y que, como tal, “ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”. El texto marcó el tono de un evento que buscó trascender las declaraciones generales para avanzar hacia compromisos concretos.

La delegación porteña estuvo encabezada por Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). Junto a él viajaron Genoveva Ferrero, secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño y titular del Observatorio de Discapacidad; Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; Horacio Corti, consejero y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y juez de Cámara; y Vanesa Siley, diputada, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación y secretaria general de Sitraju.

Gallardo tuvo a su cargo la apertura y el cierre del encuentro. En su intervención, el magistrado recordó la centralidad del magisterio social del papa Francisco y su llamado a juezas y jueces a ejercer la responsabilidad que les cabe en defensa de la justicia social y la dignidad humana. “Nuestro foco tiene que ser justicia social y, sobre todo, para los grupos vulnerados. Todos ejercemos diariamente cuotas de poder en nuestras regiones, en nuestros países. Francisco tenía una obsesión con el nominalismo: siempre decía que no hay que ser nominalista, que no hay que olvidar esto de mucha letra y poca carne. Entonces, nuestra lógica y nuestro rol en la destrucción del nominalismo es central al momento de definir cómo va a ser el futuro de la humanidad”, enfatizó el juez porteño.

A su turno, Ferrero expuso sobre cómo el cambio climático golpea con particular dureza a las personas con discapacidad, uno de los colectivos más expuestos a los efectos de la crisis ambiental. “En el mundo hay 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad y que enfrentan todo tipo de barreras: la falta de accesibilidad, las dificultades de movilidad, de comunicación, de comprensión o de acceso a la información. Cuando llega un huracán, una inundación, un tsunami o cualquier otra emergencia climática, esas barreras no simplemente se suman, se multiplican”, advirtió la funcionaria judicial.

La titular del Observatorio de Discapacidad también hizo referencia a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la necesidad de una protección diferenciada para grupos vulnerables. “Las personas con discapacidad no pueden aparecer en las políticas climáticas solamente como personas a rescatar, tienen que ser parte de la política pública ambiental. Tenemos que pasar del objeto de protección al sujeto de derecho que participa en la decisión”, sostuvo Ferrero.

En tanto, Moreno centró su exposición en el impacto de la crisis climática sobre las infancias, en su carácter de presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf). Por su parte, el consejero Corti abordó el papel que desempeñan los presupuestos nacionales en la concreción de los planes de mitigación y neutralización de las amenazas vinculadas al calentamiento global.

La cumbre en el Vaticano contó además con la presencia de figuras de alto nivel del ámbito judicial internacional. Entre ellos se encontraban Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; César Manuel Diesel Junghanns, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; João Cura Mariano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La coordinación científica del evento quedó en manos de Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil.

El encuentro concluyó con la firma de una declaración conjunta que establece una hoja de ruta para coordinar acciones en materia de aplicación de estándares internacionales en litigio ambiental. En ese documento, los firmantes aclararon que la función judicial no implica reemplazar a los poderes políticos en el diseño de las políticas públicas, sino asegurar que sus decisiones y omisiones respeten los derechos comprometidos y las exigencias del Estado de Derecho Ambiental.