La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, fueron denunciados penalmente este jueves 15 de octubre por presuntas irregularidades en el nombramiento de Pablo Esteban Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), uno de los organismos encargados de labores de inteligencia del Estado costarricense.
La denuncia fue presentada por el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos Mazariegos, ante la Fiscalía General de la República, encabezada por Carlo Díaz Sánchez, con el propósito de determinar si las autoridades del Poder Ejecutivo incumplieron los requisitos legales establecidos para designar al máximo responsable del organismo policial.
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El cuestionamiento se concentra en que Martínez Bertozzi, cuyo nombramiento entró en vigor el 1.º de junio de 2026, presuntamente no reúne una de las condiciones exigidas por la Ley General de Policía: contar como mínimo con el grado de comisionado.
La controversia surgió después de que Casa Presidencial reconociera que el funcionario no ostenta ningún rango policial.
Trejos considera que esta situación podría configurar el delito de nombramientos ilegales, contemplado en el artículo 344 del Código Penal, y solicita investigar la eventual responsabilidad de quienes participaron en el procedimiento administrativo.
La legislación costarricense contempla requisitos específicos para ocupar determinados puestos de dirección dentro de los cuerpos policiales.
El artículo 65 de la Ley General de Policía establece que quienes ocupen las direcciones de estos organismos deben poseer, como mínimo, el grado de comisionado, mientras que los subdirectores deben contar al menos con el grado de comandante.
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Aunque la normativa reconoce que se trata de cargos de libre nombramiento y remoción, el diputado sostiene que esa facultad no permite desconocer las condiciones legales exigidas para ocuparlos.
Según la denuncia, Martínez Bertozzi fue designado para dirigir la DIS sin acreditar el rango policial correspondiente.
El legislador solicita investigar la participación de Rodrigo Chaves, por las responsabilidades que le atribuye en el procedimiento administrativo, así como la intervención de Laura Fernández en su condición de presidenta de la República.
También busca determinar si ambos jerarcas conocían la ausencia del requisito antes de que el nombramiento entrara en vigor.
El diputado pidió que la Fiscalía identifique, además, a los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y aprobación de los documentos utilizados para justificar el nombramiento.
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Casa Presidencial admitió que el director de Inteligencia no tiene rango policial
Uno de los principales elementos utilizados para fundamentar la denuncia es una respuesta oficial que Casa Presidencial remitió a CR Hoy el 14 de agosto de 2026.
En esa comunicación, el Gobierno confirmó expresamente que el funcionario designado para dirigir la DIS carecía de rango policial.
“El señor Pablo Bertozzi Martínez no ostenta rango policial”, indicó Presidencia en la respuesta divulgada por el medio.
No obstante, el Poder Ejecutivo defendió la legalidad del nombramiento con fundamento en el artículo 62 de la Ley General de Policía y el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS.
Esta última disposición contempla la posibilidad de que la Dirección General sea ocupada por un profesional en un área relacionada con el cargo o una persona cuya experiencia e idoneidad técnica en seguridad la hagan apta para ejercer las funciones.
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Sin embargo, Trejos considera que un reglamento no puede eliminar ni sustituir un requisito establecido mediante una ley, por lo que solicitó que la Fiscalía determine si las disposiciones invocadas por el Gobierno permiten justificar la designación.
La investigación también deberá establecer si existieron informes jurídicos o estudios técnicos que respaldaran la decisión administrativa.
Martínez Bertozzi es abogado de profesión y anteriormente se desempeñó como asesor presidencial durante la administración de Rodrigo Chaves.
Ministerio de Seguridad Pública tampoco registró el rango del funcionario
La denuncia incorpora otra documentación procedente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), específicamente el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-11494-2026, emitido el 4 de septiembre de 2026.
Según la información aportada por el legislador, en ese documento la institución explicó el procedimiento utilizado para reconocer grados policiales y proporcionó una lista de funcionarios que ostentan, como mínimo, los rangos de comisionado y comandante.
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Martínez Bertozzi no aparece en ese registro, de acuerdo con la documentación citada en la denuncia.
Este elemento se suma a la respuesta de Casa Presidencial en la que reconoció que el director de Inteligencia no posee rango policial.
Ante esa situación, Trejos solicitó que la Fiscalía obtenga una certificación oficial para determinar si Martínez Bertozzi contaba con el grado de comisionado cuando asumió el cargo.
En caso de que exista alguna acreditación, también pide establecer cuándo fue otorgada, qué autoridad la concedió y cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados.
La solicitud busca esclarecer si el nombramiento cumplió los requisitos establecidos en la legislación o si existió una omisión durante el proceso de designación.
También cuestionan un decreto firmado por Chaves y Fernández en 2024
La controversia incluye una reforma reglamentaria realizada durante la administración anterior, cuando Rodrigo Chaves era presidente de Costa Rica y Laura Fernández ocupaba el Ministerio de la Presidencia.
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El 11 de julio de 2024, ambos firmaron el Decreto Ejecutivo 44637-MP, mediante el cual se modificaron disposiciones relacionadas con el otorgamiento de grados policiales en la DIS y la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Según los antecedentes mencionados en la denuncia, la reforma contempla mecanismos para que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia puedan otorgar grados policiales mediante acuerdos ejecutivos, bajo determinadas condiciones relacionadas con necesidades institucionales.
Trejos cuestiona que ese procedimiento pueda utilizarse para conferir rangos de manera discrecional sin una recomendación técnica previa.
Por esa razón, pide investigar si el Poder Ejecutivo recurrió a este mecanismo para otorgar o reconocer algún grado policial a Martínez Bertozzi antes o después de su nombramiento.
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La denuncia no afirma que ese procedimiento haya sido utilizado, sino que solicita verificar su eventual aplicación.
De acuerdo con el planteamiento del legislador, la Fiscalía deberá examinar los documentos administrativos correspondientes para determinar si existió alguna decisión relacionada con el reconocimiento de grados policiales.
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