La defensa de Roberto Baratta recusó a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que quedó encargada de resolver la apelación contra su procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito, y que incluye un embargo de $ 1.500 millones.
El abogado Rodolfo Miguel Iglesias pidió su apartamiento porque avalaron la pericia patrimonial que constituye uno de los fundamentos de la decisión del juez Julián Ercolini.
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El planteo está dirigido contra los magistrados Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, aunque este último ya no forma parte de la Cámara desde que asumió Pablo Yadarola.
La presentación afirma que el procesamiento utilizó como base un dictamen oficial cuya metodología había sido objetada por la defensa, porque consideró que trabajó sobre las personas, montos y límites definidos por el juzgado, sin incorporar los valores del patrimonio atribuidos al entorno familiar de Baratta.
De acuerdo con la recusación, los camaristas deberían analizar un informe sobre el cual ya habrían intervenido, por lo que remarcó que “no se trata de revisar una opinión jurídica abstracta, sino de juzgar el efecto concreto que adquirieron conclusiones propias”.
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Baratta espera que la Cámara Federal revoque el procesamiento y dicte la falta de mérito, tras cuestionar la pericia contable que sostuvo el supuesto incremento patrimonial injustificado, que no se correspondía con sus ingresos legítimos como funcionario.
A su vez, solicitó un nuevo informe contable y la ampliación de la información bancaria, laboral, previsional, fiscal, notarial y sucesoria, con el propósito de reconstruir el origen de los fondos y pagos atribuidos al exfuncionario kirchnerista.
La imputación
La acusación sostiene que el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, registró un aumento de su patrimonio durante el paso por la función pública, incompatible con sus ingresos declarados.
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Uno de los bienes cuestionados es una casa de 380 metros cuadrados en el country Mapuche de Pilar, construida sobre un lote adquirido en efectivo y formalmente inscripto a nombre de su madre, aunque la Justicia atribuye económicamente la operación al exfuncionario.
También figuran departamentos, cocheras y bauleras en los edificios de José Hernández 2043/45 y Thames 674/76, algunos tienen como titular a su pareja. Hay vehículos Peugeot, Renault y Chevrolet y dinero en dólares y euros secuestrado en un allanamiento.
Como indicios, se valoraron los pagos en efectivo de la obra en Mapuche, la declaración del arquitecto que señaló a Baratta como quien daba las órdenes, y que el cable e internet de la vivienda aparecían a nombre de su exchofer Oscar Centeno.
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El caso está ligado a la investigación de los Cuadernos de la Corrupción, que dieron origen a la causa por presuntas coimas en la obra pública, en los que Centeno describió recorridos junto a su entonces jefe Roberto Baratta para retirar dinero de empresarios.
El juez Ercolini dispuso su procesamiento porque entendió que existe un incremento patrimonial “apreciable” que no encuentra respaldo en ingresos legítimos comprobables.
La defensa, en cambio, afirma que el lote y la vivienda de Mapuche pertenecen a los padres del exfuncionario y cuestiona la metodología de la pericia, al sostener que no reconstruyó de forma independiente el origen de los fondos utilizados.
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