La Policía Nacional de Panamá localizó a nueve ciudadanos etíopes, entre ellos una adolescente de 16 años, durante un recorrido preventivo en el corregimiento de 24 de Diciembre, al este de la capital.
El grupo fue encontrado en un herbazal del sector de Calle Tumba Muerto, después de que una alerta ciudadana advirtiera sobre su presencia en el lugar.
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Los extranjeros, siete mujeres y dos hombres, explicaron mediante un traductor certificado que no tenían documentos de identificación porque presuntamente un traficante se los había retirado. Las autoridades investigan las circunstancias del traslado y la posible participación de terceros, sin que hasta ahora se haya confirmado una red criminal ni la ruta utilizada.
Tras el hallazgo, la Policía coordinó con el Servicio Nacional de Migración y la Policía de Niñez y Adolescencia los procedimientos correspondientes, debido a la presencia de una menor de edad.
Los nueve ciudadanos también recibieron atención médica del Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias, conocido como SUME 911.
El caso plantea interrogantes sobre el posible ingreso de los extranjeros por la frontera de Darién, una ruta utilizada históricamente por personas procedentes de África, Asia y América.
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Sin embargo, las autoridades no han confirmado que los etíopes atravesaran esa región, por lo que su recorrido y las circunstancias de su llegada siguen sin esclarecerse.
La presencia de migrantes africanos en Darién no constituye un fenómeno nuevo, aunque representa una proporción minoritaria del movimiento migratorio.
Durante el primer semestre de 2026, Panamá registró 280 ingresos irregulares por la frontera colombiana, entre ellos 22 personas procedentes de países africanos, según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.
El flujo aumentó posteriormente. Hasta el 7 de septiembre, 481 personas habían ingresado irregularmente por Darién durante 2026, con agosto como el mes de mayor movimiento, al contabilizar 148 cruces. Del total, 240 eran venezolanos, 85 colombianos y 68 ecuatorianos, mientras que otras 88 personas correspondían a distintas nacionalidades.
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Las cifras reflejan una reducción considerable respecto de los años de mayor tránsito migratorio, cuando cientos de miles de personas atravesaban anualmente la selva rumbo al norte del continente.
Pese a esa disminución, la frontera continúa siendo utilizada por migrantes de diferentes regiones, incluidos ciudadanos africanos que buscan avanzar hacia Centroamérica.
Los estudios del Migration Policy Institute señalan que personas procedentes de África han utilizado países sudamericanos como puntos de entrada al continente.
Algunas rutas incluyen vuelos hacia Brasil o Ecuador, seguidos de desplazamientos terrestres por Colombia hasta el golfo de Urabá, desde donde los viajeros pueden continuar hacia la frontera panameña.
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Estas trayectorias no son uniformes. Los itinerarios dependen de los requisitos migratorios, los recursos económicos y las redes de transporte, y pueden incluir diferentes escalas internacionales. Por ello, no es posible establecer que los nueve etíopes siguieran alguno de esos recorridos sin información oficial sobre sus desplazamientos.
En otro procedimiento, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendió a dos personas por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes en El Llano, distrito de Chepo. Durante la operación, las autoridades decomisaron dos vehículos, equipos tecnológicos y $1.414 en efectivo.
La intervención, desarrollada bajo el Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, terminó con la legalización de ambas aprehensiones durante una audiencia de garantías. Un juez ordenó la detención provisional de los dos investigados, mientras continúan las diligencias para determinar sus responsabilidades.
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En Panamá, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas constituyen delitos diferentes. El primero se relaciona con facilitar ingresos irregulares, mientras que la trata implica captar, trasladar o retener personas con fines de explotación. La presunta retención de documentos exige investigación, pero por sí sola no demuestra que exista trata.
La Procuraduría General de la Nación informó que entre enero de 2015 y junio de 2026 investigó 297 casos relacionados con trata de personas, principalmente con mujeres jóvenes entre las víctimas.
Este antecedente evidencia la importancia de determinar si los ciudadanos etíopes fueron sometidos a explotación o trasladados irregularmente, sin anticipar conclusiones sobre el caso.
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