La Corte Suprema dejó firme la condena contra Roberto Quintián Rodríguez y Mercedes Baigorria por explotación de la prostitución en Salta, al desestimar el recurso de la defensa porque “no cumplió con el requisito” previsto en el reglamento del tribunal. Ambos habían recibido cinco años y seis meses de prisión.
La causa se inició en 2013 tras una serie de denuncias anónimas que referían a una red de “prostitución VIP” en bares de la localidad de Salvador Mazza. La Administración Federal de Ingresos Públicos (ex AFIP) actuó como querellante en el expediente.
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El Tribunal Oral Federal 2 de Salta también había condenado a Viviana Gómez a cinco años de prisión como partícipe necesaria. En ese mismo juicio, realizado en 2025, había absuelto por falta de pruebas al exintendente de Salvador Mazza Carlos Villalba, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual.
La causa
En este expediente se analizó la promoción, facilitación y explotación económica de mujeres sometidas a la prostitución, agravadas por el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
El TOF 2 salteño enfocó su condena en dos circuitos distintos, vinculados a los locales nocturnos “El Quijote” y “Terra Nostra”.
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En “El Quijote”, el fallo tuvo por acreditado que el matrimonio integrado por Mercedes Baigorria y Roberto Quintián Ramírez administraba un establecimiento inscripto formalmente como confitería, aunque la prueba reunida indicó que allí se promovían contactos sexuales.
La investigación detectó publicidad, cuadernos con nombres, horarios, montos y referencias a “pases”, además de certificados sanitarios y documentación personal de mujeres.
Según las pruebas, el local retenía una parte del dinero obtenido por las copas y por los servicios sexuales que se concretaban fuera del establecimiento.
Respecto de “Terra Nostra”, la resolución ubicó a Francisco Marcelo Russo, alias “Chicho”, como la persona con mayor poder de decisión en el funcionamiento del lugar.
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Las mujeres entregaban un porcentaje de sus ingresos, mientras Russo establecía modalidades de pago y disponía multas o descuentos cuando no concurrían a trabajar.
Nancy Viviana Gómez, quien se presentó como encargada durante el allanamiento, fue vinculada a la registración de “copas” y “pases”, al cobro de dinero y a la entrega de porcentajes a las mujeres.
El expediente también incluyó la situación de Carlos Villalba, entonces intendente de Salvador Mazza. La acusación sostenía que había trasladado desde Jujuy a Salta a Marisel Llanes y a otras dos mujeres para facilitar el ejercicio de la prostitución en una vivienda de la calle Ituzaingó.
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No obstante, el Tribunal lo absolvió porque entendió que no se probó con el grado de certeza requerido que Villalba supiera que el traslado tenía esa finalidad.
En cuanto a Russo y Llanes, la sentencia los menciona como figuras vinculadas a los hechos, investigados por separado.
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