
La Justicia federal desestimó por inexistencia de delito una denuncia presentada contra el presidente Javier Milei, el legislador porteño Waldo Wolff, la diputada nacional Sabrina Ajmechet y otras personas por supuestos “discursos de odio”, discriminación y otras conductas vinculadas con declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales. La decisión fue adoptada este jueves por el juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a partir de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que habló de una especie de “excursión de pesca”.
La causa se inició el 13 de julio pasado por una presentación del abogado marplatense Cristian Moix, quien había tomado notoriedad pública el año anterior tras protagonizar un incidente durante un juicio oral en la ciudad de Mar del Plata, cuando le dio un cabezazo a otro letrado.
PUBLICIDAD
La denuncia alcanzó, además, a Ajmechet, integrante de la Cámara de Diputados; a Wolff, legislador de la Ciudad de Buenos Aires; al exlegislador porteño Yamil Santoro; y a Ariel Gelblung, Mauro Berenstein, Gabriel Camiser, Daniel Lerer y José Magioncalda.
Moix pidió que el Ministerio Público Fiscal investigara si las conductas atribuidas a los denunciados podían configurar delitos previstos en el Código Penal, infracciones a la Ley 23.592 contra actos discriminatorios u otras figuras que eventualmente surgieran de la pesquisa. El expediente quedó registrado, entre otros delitos mencionados, por instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
PUBLICIDAD

Respecto de Milei, el denunciante reclamó además que se analizaran posibles incumplimientos vinculados con su función y aludió en su presentación a la figura de “infame traidor a la patria”.
El planteo no se limitó a una publicación determinada. Moix pidió investigar “manifestaciones públicas, publicaciones en redes sociales, entrevistas, columnas de opinión, declaraciones institucionales y demás expresiones atribuidas a los aquí denunciados, individualmente consideradas y especialmente valoradas en su conjunto, por su reiteración, alcance, difusión e impacto en la opinión pública, pudieron haber contribuido a la difusión, promoción, legitimación o amplificación de discursos de odio, intolerancia, discriminación o violencia contra determinados grupos de personas protegidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
PUBLICIDAD
También pidió que esas expresiones fueran analizadas a la luz de la Constitución Nacional, la legislación antidiscriminatoria y las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de prevención de la discriminación y la incitación al odio.
Cuatro días después, el expediente fue remitido a la Fiscalía Federal N° 4, a cargo de Stornelli, para determinar si correspondía impulsar una investigación penal.

El fiscal consideró que los hechos denunciados no tenían relevancia penal porque la presentación no había vinculado cada una de las expresiones con una figura delictiva concreta.
“Ni siquiera el denunciante ha intentado atribuir adecuación típica concreta a las distintas expresiones individuales anoticiadas, sino que ha instado a una suerte de valoración conjunta o general”, precisó. Según Stornelli, ese planteo iba “de bruces con los principios constitucionales de legalidad y de reserva”.
PUBLICIDAD
También cuestionó que no se hubieran descripto hechos determinados con las circunstancias necesarias para habilitar una pesquisa.
“En definitiva, advierto que no se ha brindado una verdadera notitia criminis concreta con circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino que lo que se pretende es, quizás, excitar una actividad jurisdiccional basada en una suerte de ‘excursión de pesca’, lo cual claramente se halla reñido con los principios y garantías constitucionales que deben primar en un proceso penal”, escribió.
La presentación incorporaba además cuestionamientos sobre supuestas irregularidades vinculadas con actos de la Administración Nacional, entre ellos procesos de privatización, enajenación y eventual transferencia de activos.
PUBLICIDAD
Sobre ese tramo, Stornelli advirtió que Moix se había limitado a mencionar esas operaciones sin explicar “cuáles serían las circunstancias delictivas cometidas en cada caso, con indicación de modo, tiempo y lugar”.
El fiscal sostuvo que avanzar en esas condiciones implicaría promover “una suerte de auditoría de actos públicos de carácter administrativo” que excedería las funciones de la Justicia penal federal, cuya intervención, remarcó, debe operar como “ultima ratio”.
La resolución siguió el criterio del Ministerio Público. Señaló que la promoción de la acción penal corresponde al fiscal y que un juez no puede impulsar de oficio una investigación frente a un pedido fundado de desestimación.
PUBLICIDAD
Según explicó magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, “frente a un pedido fiscal de desestimación por inexistencia de delito, el juez se encuentra impedido, no sólo de instruir al fiscal a requerir la instrucción, sino que se encuentra imposibilitado de conocer y decidir en el asunto. Ello así, desde el momento que el poder jurisdiccional sólo nace con la promoción de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público”, indicó el fallo.
El juez resolvió así desestimar las actuaciones por inexistencia de delito y ordenó su archivo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Fanáticos de Shakira reclamarán con una demanda colectiva por el fallido show que brindó en Córdoba
Buscan ser resarcidos por los daños presuntamente ocasionados por la organización del espectáculo. El recital se suspendió antes del cierre por una tormenta eléctrica
Confirmaron el sobreseimiento de un diplomático que no pudo asumir como embajador en España por denuncias de abuso
Alejandro Alonso Sainz fue acusado por una cónsul adjunta en el consulado argentino en Barcelona. Había sido anunciado en el cargo por Cancillería, pero dieron marcha atrás. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cierre de la causa

Se arrojó para recuperar la pelota en un torneo de futsal, chocó contra una pared y la Justicia ordenó indemnizarlo
El incidente ocurrió en 2019. Las entidades demandadas atribuyeron las lesiones a una maniobra antirreglamentaria del jugador, pero la Cámara Civil consideró que se trató de una acción propia del desarrollo del partido

Cayó de la bicicleta, se fracturó tibia y peroné, pero no logró probar la responsabilidad del municipio: deberá pagar los gastos del juicio
Un hombre sostuvo que perdió el control por la presencia de barro y piedras en una senda peatonal de la zona norte. Reclamó una indemnización por incapacidad, gastos médicos, tratamiento kinesiológico, daño psicológico y consecuencias no patrimoniales. Sin embargo, la Justicia consideró que no había pruebas suficientes

Una demanda por una golpiza en un boliche de Palermo terminó sin condena y con costas para el denunciante
Once años después, la Justicia concluyó que el demandante no logró acreditar que la agresión hubiera ocurrido dentro del local. Sostuvo que dos hombres lo golpearon y le provocaron cortes en el rostro, pero el tribunal consideró que las pruebas solo demostraron la existencia de lesiones, sin vincularlas con un episodio ocurrido en el establecimiento


