La Cámara Federal porteña resolvió que siga adelante la investigación contra los acusados de mantener vínculos con Hezbollah en la zona de la Triple Frontera, en la causa por el atentado a la AMIA, y rechazó objeciones por la validez de esta parte de la imputación fiscal.
La decisión de los jueces Pablo Yadarola y Mariano Llorens ratificó una resolución del juez federal Daniel Rafecas, quien el 10 de agosto pasado desestimó de entrada el planteo de la defensa oficial de iraníes y libaneses que la Justicia argentina considera prófugos.
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La Sala I del Tribunal de Apelaciones sostuvo que las objeciones requieren evaluar pruebas y discutir el alcance de la acusación, un análisis que no corresponde resolver mediante un recurso como la excepción de falta de acción, que presentó la defensa para que no continúe la persecución penal en estos puntos.
“Para decidir si la organización (Hezbollah) fue constituida con la finalidad de cometer delitos indeterminados, si su accionar contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, cuál fue la posición de cada imputado respecto de la estructura investigada o si medió una finalidad persecutoria, es necesario ingresar en el análisis de los hechos y de los elementos que los sustentan”, es decir, avanzar en el proceso penal, explicaron los camaristas en la resolución a la que accedió Infobae.
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Se trata de cuestiones que “no admiten una respuesta puramente normativa y hacen a la sustancia de la imputación, por lo que su discusión corresponde a las etapas ulteriores del proceso”, concluyó la Cámara.
La apelación fue presentada por el defensor oficial Hernán Silva, quien objetó dos puntos del pedido de procesamiento que hizo el titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso. Según la defensa, en esas acusaciones se atribuyó a integrantes del gobierno de Irán el patrocinio de Hezbollah y se imputó a personas residentes en la Triple Frontera por haber integrado o colaborado con esa organización.
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El defensor cuestionó que esas conductas hayan sido consideradas como una asociación ilícita agravada. Además, objetó la aplicación del agravante de la ley antidiscriminatoria.
Para Yadarola y Llorens, esas cuestiones “hacen a la sustancia de la imputación” y no admiten una respuesta automática por lo que confirmaron el rechazo de los planteos.
La investigación principal por el atentado contra la AMIA tiene procesados ya a ocho ciudadanos iraníes y libaneses, por sus presuntas intervenciones en la planificación y ejecución del ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en Pasteur 633. Todos van camino a ser juzgados en ausencia.
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Entre ellos se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, entonces responsable de la Fuerza Al Quds.
El juez los consideró autores mediatos por las funciones que habrían desempeñado dentro de las estructuras superiores del Estado iraní. También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de esa representación y señalado como agente de inteligencia; y Salman Raouf Salman, ciudadano libanés conocido también como Samuel El Reda e identificado como integrante de Hezbollah.
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Según la reconstrucción judicial, Rabbani habría reunido información sobre posibles objetivos y mantenido contactos con la estructura iraní. Asghari habría actuado como enlace entre la embajada y el aparato de inteligencia iraní, mientras que Salman fue acusado de coordinar la fase final de la operación en territorio argentino. La hipótesis que sostiene los procesamientos atribuye el ataque a una operación internacional con participación de estructuras estatales iraníes y Hezbollah.
Al resolver los procesamientos el juez Rafecas dio por probado que la ciudad brasileña de Foz de Iguazú en la Triple Frontera funcionó como punto regional de coordinación.
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