El Ministerio Público de la Defensa comenzó a aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil de la Ley N.º 27.801, con una estructura destinada a asegurar la defensa técnica de adolescentes y el patrocinio jurídico de víctimas en los procesos alcanzados por la normativa.
El régimen abarca a personas de entre 14 y 18 años y dispone que las investigaciones, el control de medidas y la ejecución de sanciones queden a cargo de jueces, fiscales, defensores y organismos con formación especializada para intervenir con jóvenes en conflicto con la ley penal.
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Para garantizar su intervención, el defensor general de la Nación interino, Julián Horacio Langevin, formalizó la creación de la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil y la apertura de dependencias específicas para las distintas fases de los procesos.
La Unidad de Implementación funciona dentro de la Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General de la Nación. Su tarea incluye elaborar un plan estratégico, relevar necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y capacitación, y preparar protocolos y lineamientos para las áreas que intervienen en la materia.
Nuevas unidades de defensa
La Unidad N.º 1 de Defensa Penal Juvenil quedó a cargo de Silvina Vanesa Santamaría y tendrá intervención desde el inicio de la investigación o desde el primer acto de naturaleza penal hasta que la causa llegue al tribunal oral.
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También concentrará los conflictos de competencia entre la Justicia Nacional de Menores y la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados con la aplicación de la ley para toda la franja etaria incluida en el régimen.
En tanto, Marcelo Carlos Helfrich coordina la Unidad N.º 2, que asume la defensa durante el juicio, las impugnaciones, la ejecución y el seguimiento de las medidas o sanciones que puedan imponerse.
La defensa pública patrocinará a las víctimas
La Unidad de Defensa Pública de Víctimas del Régimen Penal Juvenil tiene como titular a María Lina Carrera. Su propósito es brindar asistencia, representación y patrocinio jurídico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La dependencia deberá garantizar la participación de las víctimas durante el proceso, promover medidas de protección, intervenir en instancias de mediación penal juvenil y facilitar el acceso a mecanismos de reparación integral. También tendrá a su cargo la coordinación con organismos especializados.
Por otra parte, la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil está encabezada por el defensor público oficial Mariano Patricio Maciel. La integran como vocales los defensores públicos oficiales Damián Roberto Muñoz, Juan Antonio Tobías, Pablo Eduardo Domínguez y Gustavo Ariel Fernández, mientras que Gabriel Alberto Lanaro Ojeda ejerce la coordinación.
Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
La decisión del Ministerio Público de la Defensa se da en paralelo a una resolución judicial que suspendió de forma preventiva, durante 60 días, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
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La jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de libertad.
El fallo advirtió que la provincia no cuenta con infraestructura ni recursos suficientes para aplicar la ley, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
En este marco, Pascual fijó una audiencia para el 16 de septiembre, con el objetivo de que las áreas del Ejecutivo bonaerense informen las medidas adoptadas y los plazos de adecuación previstos.
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La decisión de la jueza Pascual desató una fuerte polémica, que derivó en una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
La entidad considera que la suspensión de una ley penal sancionada por el Congreso podría exceder las atribuciones del tribunal y afectar la división de poderes.
Por otro lado, se formalizaron varios pedidos de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para procurar su destitución por mal desempeño y abuso de autoridad.
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