La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra los directivos, administradores y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas que explotan recursos vivos marinos en el mar argentino, utilizando autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
Los abogados denunciantes, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, sostuvieron que estas actividades afectan de manera directa la soberanía del Estado nacional, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
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La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Las empresas señaladas
La denuncia individualizó a varias corporaciones de origen español, específicamente de la región de Galicia, que trabajan de manera conjunta con sociedades mixtas constituidas en Malvinas, bajo el amparo de licencias británicas consideradas ilícitas por los denunciantes. Entre los actores mencionados se encuentran:
- Lanzal: Vinculada a la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera a través del buque principal Monteferro bajo el registro de las islas.
- Grupo Pereira: Asociada con Argos Group Ltd. Utilizando las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
- Pescapuerta: Relacionada con South Atlantic Squid y las naves Falcon, Prion y Robin M. Lee.
- Copemar: También vinculada a South Atlantic Squid, operando con el barco Hadassa Bay, el cual reemplazó al Baffin Bay.
- Ferralmes: Asociada a Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
- Hermanos Touza: En sociedad con Beaufort Fishing Ltd. Utilizando la embarcación homónima Hermanos Touza.
- Moradiña: Vinculada a Polar Ltd., que explota el navío New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas de España y de las islas.
De acuerdo con el escrito judicial, las maniobras de las pesqueras configuran el delito de contrabando mediante dos conductas principales.
En primer lugar, se denunció la evasión del control aduanero. Las firmas extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional para luego realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de terceros países, omitiendo deliberadamente la fiscalización de la República Argentina.
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En segundo lugar, los letrados señalaron la existencia de clandestinidad y engaño. Al ampararse en permisos otorgados por una potencia ocupante de facto, las empresas aplicarían un ardid diseñado para desviar e impedir que la aduana argentina controle las mercaderías, evitando de este modo el pago de los derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes en el país.
Los denunciantes indicaron que estas acciones encuadran, en principio, en los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero de la Nación. El artículo 863 sanciona los actos que dificultan o impiden el control del servicio aduanero sobre la extracción de mercaderías. Por su parte, el artículo 864 penaliza la exportación clandestina. Finalmente, se invocaron las agravantes del artículo 865 debido a la afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a las autoridades de control, como la Prefectura Naval Argentina y la Aduana.
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Asimismo, la presentación solicitó que se abra una investigación penal para determinar si existió un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades nacionales. Esto se fundamenta en la posible omisión de tareas de vigilancia y patrullaje, así como en la falta de promoción de acciones destinadas a sancionar estas conductas y a perseguir el cobro de los derechos aduaneros y las multas correspondientes.
Para avanzar con la investigación, los abogados propusieron que el juzgado libre diversos oficios a organismos públicos.
A la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con el objetivo de obtener los reportes de avistamiento e identificación de las flotas pesqueras asociadas a las firmas denunciadas, o de cualquier otra embarcación que opere en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin autorización argentina.
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A la Dirección General de Aduanas, para constatar si las empresas registraron operaciones de exportación o abonaron aranceles por las capturas efectuadas en la zona en disputa.
Y a la Inspección General de Justicia, a fin de verificar los vínculos comerciales, filiales y activos operativos que estas compañías extranjeras poseen en el territorio continental argentino.
En paralelo a esta causa, tramitan en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py las denuncias que presentó la Cancillería por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
El Gobierno identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros. Los nuevos escritos a los que accedió Infobae incorporan a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, y profundizan la pesquisa sobre personas relacionadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
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