Chats, muebles y fechas que no cierran: por qué la Justicia sobreseyó a los hermanos Caputo por el financiamiento a Revolución Federal

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este martes el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía, quien nunca estuvo involucrado en el caso. Los tres estaban imputados en la causa que investigó el presunto financiamiento ilegal a Revolución Federal, la agrupación extremista que protagonizó actos de violencia política poco antes del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una segunda resolución, el mismo magistrado elevó a juicio a Jonathan Ezequiel Morel, Nilda Sabrina Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra, Leonardo Franco Sosa y Lidia Margarita Casciano, integrantes del grupo antikirchnerista.

Según plasmó Martínez De Giorgi en un fallo de 168 páginas, al que accedió Infobae, la investigación descartó que los pagos realizados por los fideicomisos bajo administración de la firma Caputo Hermanos S.A. hacia el carpintero Jonathan Morel —líder de Revolución Federal— constituyeran una “pantalla” para subvencionar actividades políticas violentas.

En el expediente constan análisis de llamados y mensajes telefónicos, peritajes contables, registros de transporte y la constatación física de las obras. El juez concluyó que los desembolsos correspondieron a transacciones comerciales reales para adquirir muebles que luego se usaron en departamentos en Vaca Muerta, Neuquén, y un salón de usos múltiples en San Vicente, Buenos Aires.

Los primeros encargos

La vinculación entre la familia Caputo y Jonathan Morel comenzó a finales de 2021. Según el expediente, Rosana Caputo, decoradora de interiores y hermana mayor de “Toto”, observó tablones de madera maciza expuestos en la vía pública frente al local de Morel en Boulogne. Al ingresar al comercio, que operaba bajo el nombre de “Dogo Carpintería”, pidió un presupuesto para confeccionar una barra de bar y mesas ratonas destinadas al salón de usos múltiples (SUM) del barrio cerrado Santa Clara al Sur, ubicado en Canning.

La defensa de Flavio Caputo argumentó que recurrieron a Morel porque los proveedores habituales de la empresa constructora manejaban valores muy elevados para ese tipo de trabajos rústicos. Esta versión coincidió con el descargo del propio carpintero en su declaración indagatoria, donde manifestó que abrió su negocio a mediados de 2021 tras aprender el oficio mediante tutoriales en YouTube.

La policía constató la veracidad de esta primera aproximación al hallar en el taller de Boulogne carpetas con órdenes de trabajo manuscritas. En uno de los anotadores confiscados figuró un registro del 17 de diciembre de 2021 a nombre de “Rossana Mendez” —apellido de casada de la decoradora— que detallaba el diseño a mano alzada de una mesa ratona por un valor de 29.000 pesos. Pocos días después, el 28 de diciembre, Morel emitió seis facturas consecutivas al Fideicomiso Santa Clara al Sur por montos de entre 26.000 y 30.000 pesos, sumando un total de 176.000 pesos que coincidieron con los registros de pago de la constructora.

El proyecto “Espacio Añelo” en Vaca Muerta

El núcleo de la sospecha de la querella, representada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, se centró en el segundo y más voluminoso contrato: el amoblamiento del edificio “Espacio Añelo”. Se trata de un complejo de 60 departamentos modulares construido con el sistema industrializado Steel Frame por la empresa Idero SRL en su planta de Moreno, Buenos Aires, y ensamblado posteriormente en la provincia de Neuquén para albergar a operarios de la industria petrolera.

Los abogados de la expresidenta calificaron como “inverosímil” y una “coartada” que una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del país contratara a un taller pequeño, sin capacidad industrial y ubicado a más de 1.200 kilómetros de la obra, para fabricar 144 mesas de luz, 144 respaldos de cama, 60 mesas ratonas, cajoneras y barras desayunadoras.

Sin embargo, el juez Martínez De Giorgi verificó que el edificio existe y se encuentra completamente equipado con ese mobiliario.

El 11 de noviembre de 2022, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó una inspección ocular en Añelo y constató que las unidades funcionales poseían los muebles detallados en los remitos de entrega. El arquitecto Emanuel Dahir, jefe de obra de Idero SRL y ajeno a las firmas investigadas, declaró que recibió los camiones con los muebles provenientes de Buenos Aires y coordinó con Morel y tres colaboradores la instalación y el montaje en los departamentos durante una semana de trabajo en agosto de 2022.

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la carpintería de Morel era una “pantalla comercial” para justificar su financiamiento. Ahora la Justicia desestimó esa hipótesis.

La querella vinculó cronológicamente los desembolsos de dinero con las manifestaciones de Revolución Federal en la vía pública. Y destacó que los pagos cesaron de manera inmediata una vez que la agrupación dejó de actuar y se disolvió, puntualmente tras el intento de magnicidio, según insistieron los abogados de CFK.

En cambio, el juez Martínez De Giorgi entendió que los pagos coinciden con el avance lógico de la obra. Las tratativas comerciales y la búsqueda de presupuestos por parte de la constructora comenzaron en abril de 2022, justo antes de que la agrupación política fuera creada formalmente en las redes sociales el 11 de mayo de ese año.

La resolución remarcó que no se hallaron mensajes, testimonios ni documentos que demuestren que los hermanos Caputo conocieran la militancia de Morel antes de contratarlo, ni que el destino de las ganancias comerciales del carpintero fuera coordinado por la empresa desarrolladora. Al no comprobarse un nexo causal entre los pagos por los muebles y las acciones delictivas por las que la agrupación irá a juicio, el magistrado se volcó por el sobreseimiento de los hermanos Caputo.

Denuncia ante el ARCA

El análisis de los celulares secuestrados aportó claridad sobre la modalidad de facturación y la tercerización de las tareas. Morel admitió en su indagatoria que, debido a la envergadura del encargo, no podía hacerlo solo y, por eso, actuó como un “coordinador comercial”. Subcontrató la herrería de las patas de las mesas, las banquetas y la fabricación de los muebles de melamina a distintos proveedores.

Los mensajes de WhatsApp revelaron que Morel y su entorno diseñaron una estrategia para evitar superar los límites de facturación del régimen simplificado de pequeños contribuyentes y no pasar a la categoría de Responsable Inscripto ante la entonces AFIP. Su contadora le advirtió por chat que tenía un tope de acumulación anual para no perder el monotributo.

Para sortear este obstáculo impositivo, Morel solicitó a su socia Ailen Vallero y a su expareja Evelyn Balboa que se inscribieran de forma exprés en el monotributo en mayo y junio de 2022. De este modo, cada una emitió una factura de 2.500.000 pesos a nombre del Fideicomiso Espacio Añelo por supuestos servicios de carpintería, dividiendo el cobro de los fondos que en realidad gestionaba el líder de Revolución Federal.

En una escucha telefónica del 13 de octubre de 2022, Morel le explicó a una allegada que utilizó las cuentas de sus conocidas “por un tema impositivo” porque no quería facturar todo bajo su nombre.

Otro de los cuestionamientos de la querella apuntó a que el traslado de los muebles se realizó de manera informal para no dejar registros en la empresa de transporte habitual del Grupo Caputo. No obstante, los testimonios de los transportistas aclararon la situación. El carpintero Javier Aris declaró que él mismo le recomendó a Rosana Caputo contratar un flete con furgón cerrado y caja térmica porque las piezas de melamina son delicadas y “si llovía durante el viaje, podría deteriorarse la mercadería”.

Por tal motivo, Morel contrató de forma particular a una firma radicada en Boulogne, que cobró 467.060 pesos mediante una transferencia bancaria directa del Fideicomiso Espacio Añelo. En paralelo, una empresa de logística realizó otro viaje para trasladar 144 colchones y sommiers de una firma también subcontratada por el líder de Revolución Federal.

Aunque el juez Martínez De Giorgi descartó la existencia de un delito penal de financiamiento ilegal, la investigación expuso una presunta evasión tributaria. El cruce de datos reveló que el edificio de Añelo recibió 144 juegos de sommiers y colchones de Dormipol, pero la fábrica solo facturó formalmente 44 unidades por un total de 1.869.611 pesos.

La diferencia de más de 3.3 millones de pesos no declarada coincidió de manera casi exacta con dos facturas emitidas por María Isabel Said por un total de 3.450.393 pesos en concepto de sommiers, banquetas y sillas. Las tareas de campo de la policía determinaron que Said no posee una fábrica de muebles, sino que es titular de un pequeño kiosco habilitado en Boulogne, a una cuadra de la carpintería de Morel, y mantiene un vínculo de amistad en redes sociales con las monotributistas del entorno del carpintero.

La resolución judicial concluyó que Said facilitó su CUIT a Morel para ocultar el verdadero volumen de ventas de Dormipol y evitar que el joven perdiera su categoría fiscal. Ante la presunción de una maniobra de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el magistrado ordenó extraer testimonios del expediente y remitirlos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que inicie el correspondiente proceso de fiscalización y determinación de deuda impositiva sobre Morel, Said y la firma Dormipol SA.

El choque de peritajes sobre los precios de mercado

La fiscalía intentó determinar si existieron sobreprecios en la contratación de Morel a través de un estudio comparativo. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó que el valor de mercado de los bienes instalados en Añelo oscilaba entre un mínimo de 11.798.146 pesos (sin IVA) y un máximo de 15.511.174 pesos (con IVA).

Frente a esto, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales dictaminó que el informe del Tribunal de Tasaciones no resultaba adecuado para establecer una comparación válida con el trabajo de Morel.

Los peritos contables argumentaron que el tribunal tasó productos terminados adquiridos al contado en comercios con stock disponible, mientras que la operación investigada consistió en una fabricación artesanal a medida que demandó más de un año de desarrollo, incluyendo acopio de materia prima, embalaje, traslado e instalación en obra.

El informe pericial concluyó que, debido a las variables macroeconómicas, la inflación y la fluctuación de los costos de los insumos, es técnicamente imposible realizar una reconstrucción objetiva de los valores de aquella época, por lo que cualquier tasación actual resulta “meramente conjetural”.