Congreso de Honduras espera decisión sobre un posible estado de excepción focalizado contra la criminalidad

El debate sobre una posible aplicación de un estado de excepción focalizado en Honduras llegó al Congreso Nacional, donde los diputados esperan conocer primero las decisiones que adopte el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) antes de determinar las acciones que corresponderían desde el Legislativo.

Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, explicó que el Parlamento se encuentra atento a la reunión del Consejo de Seguridad y a las determinaciones que surjan de ese encuentro, particularmente ante la posibilidad de establecer medidas extraordinarias en territorios donde la criminalidad represente una mayor amenaza para la población.

El funcionario señaló que una eventual declaratoria de estado de excepción no corresponde a una decisión aislada del Congreso, sino que forma parte de un proceso en el que intervienen diferentes instituciones del Estado.

“Vamos a esperar la reunión del Consejo de Seguridad y disponer lo que ellos dispongan”, manifestó Ledezma al ser consultado sobre la posibilidad de que el Legislativo respalde una nueva medida de este tipo.

Ledezma aseguró que el Congreso Nacional está preparado para discutir y aprobar las reformas o disposiciones consideradas necesarias para fortalecer la seguridad en el país.

Medidas contra la inseguridad

El planteamiento del Congreso se produce mientras las autoridades del Ejecutivo evalúan la posibilidad de recurrir nuevamente a un estado de excepción, aunque con un alcance diferente al aplicado durante la administración anterior. La propuesta que se analiza apunta a una aplicación territorial y no a una medida generalizada en todo el país.

El posible establecimiento de un estado de excepción focalizado deberá analizarse en la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ledezma dejó claro que el Congreso esperará las conclusiones de esa instancia antes de definir las acciones que le corresponderían.

El funcionario insistió en que la seguridad debe ser abordada como un asunto de interés nacional y no como una disputa entre sectores políticos. “Estos temas requieren la participación de todos los sectores”, sostuvo al referirse a la necesidad de alcanzar acuerdos para enfrentar la criminalidad.

En ese sentido, pidió que la discusión se mantenga alejada de intereses partidarios y se concentre en las medidas que puedan contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos.

Intervención en zonas inseguras

El debate sobre el estado de excepción tomó fuerza después de que el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, planteara la posibilidad de implementar esta herramienta de manera focalizada.

La propuesta consiste en concentrar las medidas extraordinarias en aquellos territorios donde los niveles de inseguridad ameriten una intervención especial, sin extenderlas de manera automática a todo el territorio hondureño.

Eso supone una diferencia importante respecto a una declaratoria general, ya que permitiría concentrar los recursos y las operaciones de seguridad en zonas previamente identificadas por sus niveles de criminalidad.

Las autoridades deberán determinar cuáles serían esos territorios, qué medidas serían aplicables y durante cuánto tiempo permanecerían vigentes.

El antecedente del estado de excepción

La discusión ocurre con el antecedente de la aplicación prolongada del estado de excepción durante el gobierno anterior. Aquella medida se mantuvo durante varios años y fue objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores, especialmente por las restricciones que podía representar para determinadas garantías y derechos de los ciudadanos.

La posibilidad de retomarlo, aunque de forma focalizada, vuelve a generar un debate sobre el equilibrio entre las herramientas extraordinarias para combatir el delito y la protección de los derechos de la población.

Desde el Ejecutivo se plantea que una eventual nueva declaratoria tendría como objetivo intervenir en las zonas consideradas más conflictivas, mientras que desde otros sectores se ha insistido en la necesidad de acompañar las acciones de seguridad con investigación criminal y fortalecimiento institucional.

Para el Congreso Nacional, la discusión debe trascender las diferencias políticas. Ledezma afirmó que los temas relacionados con la seguridad requieren la participación de los distintos sectores y que el Legislativo está dispuesto a respaldar las iniciativas que permitan fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad.

La postura del Congreso deja abierta la posibilidad de que los diputados deban discutir reformas legales o medidas adicionales una vez que el Consejo de Seguridad determine el camino que seguirá el Gobierno. Por ahora, el Legislativo no ha confirmado la aprobación de un nuevo estado de excepción, ya que permanece a la espera de la decisión del CNDS.

Pendiente definir zonas y alcance

Uno de los principales puntos por aclarar es la extensión territorial que tendría una eventual medida. Si el Consejo de Seguridad respalda la propuesta de un estado de excepción focalizado, las autoridades deberán identificar los municipios o sectores donde se aplicaría y establecer las condiciones específicas de la intervención.

También será necesario determinar qué instituciones participarán en las operaciones y cuáles serán las facultades que tendrán los cuerpos de seguridad durante la vigencia de la medida.

El debate, por tanto, no se limita a decidir si Honduras tendrá nuevamente un estado de excepción. La discusión también gira en torno a cómo se aplicaría, en qué lugares y bajo qué controles.

Mientras el Ejecutivo analiza la estrategia y el CNDS se prepara para tomar una decisión, el Congreso Nacional mantiene abierta la puerta para aprobar las reformas que sean necesarias.