El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó por inexistencia de delito a tres hermanos del ministro de Economía Luis Caputo, investigados por supuesto financiamiento a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal y envió a juicio oral a cinco de sus integrantes acusados por incitación a la violencia colectiva y amenazas, que precedieron al intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner, el 1 de septiembre de 2022.
Luis Caputo, actual funcionario nacional y ex Ministro de Finanzas en el macrismo, nunca estuvo involucrado en esta causa penal.
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Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo porque el hecho investigado “no se cometió” y no se pudo acreditar que el dinero que pagaron al acusado impulsor de Revolución Federal Jonathan Morel por la compra de muebles para un complejo que construían en Vaca Muerta, Neuquén, haya tenido como objetivo financiar las actividades de la agrupación, como sostuvo la acusación inicial, según supo Infobae en fuentes judiciales.
Los hermanos Caputo
Martínez De Giorgi sobreseyó a los hermanos Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, a quienes se investigó por el supuesto financiamiento de la agrupación Revolución Federal a través de contrataciones realizadas por Caputo Hermanos y los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo.
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La causa apuntó a determinar si los pagos realizados a Jonathan Morel, impulsor de Revolución Federal, y a personas de su entorno habían sido en realidad una maniobra para financiar las actividades de la organización.
El magistrado concluyó que esa hipótesis no pudo ser corroborada con la prueba reunida durante la investigación. En particular, sostuvo que no apareció ningún elemento que permitiera considerar que el trabajo realizado por Morel de provisión de muebles ni las ganancias obtenidas hubieran tenido una finalidad delictiva o hubieran sido destinadas a financiar las actividades ilícitas atribuidas a Revolución Federal.
La investigación comenzó después de que la Unidad de Información Financiera detectó transferencias de los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara del Sur”, administrados por Caputo Hermanos, por más de 6,5 millones de pesos durante 2022, con destino a cuentas de Morel y dos allegadas, Ailen Vallero y Evelyn Balboa. A partir de esos movimientos se buscó determinar si se trataba de pagos comerciales genuinos o escondían un mecanismo de financiamiento de Revolución Federal.
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Las querellas de Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois sostuvieron que la contratación de Morel como proveedor era una operación simulada destinada a ocultar el financiamiento de la agrupación.
Uno de los argumentos centrales fue que Morel no contaba con capacidad técnica ni experiencia suficiente para realizar el volumen de trabajo que se le había encargado para el edificio Espacio Añelo, ubicado en Añelo, Neuquén, y que la carpintería se encontraba a más de 1.200 kilómetros del lugar de destino. También cuestionaron los valores abonados por los muebles y la modalidad de facturación utilizada por Morel y las personas que trabajaban con él.
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El juez sobreseyó a los tres integrantes de la familia Caputo porque argumentó que los proveedores existían, que los bienes y servicios fueron prestados y que los muebles terminaron en el edificio de Espacio Añelo. Según la resolución, las operaciones comerciales “fueron respaldadas, en su mayoría, por facturas, órdenes de pago y transferencias bancarias”. Además, “las tareas de investigación permitieron verificar la entrega y recepción de los productos y su posterior traslado e instalación en el edificio”. Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) identificó 16 operaciones comerciales y reconstruyó la trazabilidad de los fondos, incluyendo los cobros, la cancelación de acuerdos comerciales y el destino final del dinero.
El juicio
Martínez De Giorgi rechazó un pedido de sobreseimiento de uno de los procesados de Revolución Federal, Gastón Guerra, también enviado a juicio. La elevación alcanza a Nilda Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Lidia Casciano. El expediente reúne además investigaciones conexas por amenazas atribuidas a Morel contra Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y los dirigentes Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.
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Se consideró probado que Morel y Sosa organizaron desde mayo hasta octubre de 2022 una agrupación denominada Revolución Federal, de la que también habrían participado Basile y Guerra.
La hipótesis judicial sostiene que el grupo utilizó redes sociales y medios de comunicación para divulgar mensajes intimidatorios y expresiones violentas contra las entonces autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus seguidores. La calificación inicial por asociación ilícita fue modificada luego por la Cámara Federal porteña, que confirmó los procesamientos bajo la figura de incitación a la violencia colectiva, prevista en el artículo 212 del Código Penal.
Amenazas
La resolución incorporó tres causas conexas en las que Morel fue procesado por amenazas. Los hechos investigados incluyen publicaciones o expresiones dirigidas contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.
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Por esos episodios, el referente de Revolución Federal fue procesado sin prisión preventiva como presunto autor del delito de amenazas e incitación a la violencia colectiva.
Entre otros episodios, en julio de 2022, Revolución Federal organizó en Plaza de Mayo una marcha con antorchas y una guillotina con el logo de la coalición peronista. También usaban lemas como “Que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas”, “Todos presos, muertos o exiliados”, “No vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias” o “Al kirchnerismo cárcel o bala”, entre otros.
Cristina Fernández de Kirchner intervino como querellante, Juan Grabois también presentó un requerimiento de elevación a juicio, mientras que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó el envío del caso a debate oral en octubre de 2025.
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