Absolvieron al “Madoff argentino” en la causa por supuesta estafa y lavado

El TOF 4 volvió a favorecer a Enrique Blaksley Señorans y a otros imputados en el expediente vinculado a la firma Hope Funds

El Tribunal Oral Federal 4 volvió a absolver a Enrique Blaksley Señorans y a otros cuatro acusados por las presuntas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto Verazu
El Tribunal Oral Federal 4 volvió a absolver a Enrique Blaksley Señorans y a otros cuatro acusados por las presuntas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto Verazu
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El Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, por las supuestas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto del barrio privado Verazul, de la empresa Hope Funds.

Después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la sentencia de diciembre de 2024 y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento, los magistrados del juicio reiteraron la decisión que favoreció a Blaksley Señorans, Federico Armando Dolinkue, Pablo Andrés Willa, Felipe Badino y María Paola D’Angelo.

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Tras revisar el caso, el TOF 4 concluyó que las pruebas descartaron la hipótesis según la cual un grupo de 19 adherentes, que ingresaron al proyecto entre 2012 y 2013, carecía de solvencia para afrontar los pagos y había sido utilizado como prestanombres para incorporar al fideicomiso inmobiliario recursos de origen delictivo.

Durante el juicio, el tribunal había identificado a 11 de esos inversores, quienes acreditaron que aportaron ese dinero porque buscaban obtener una ganancia con la futura valorización de los terrenos. Declararon que un vendedor vinculado a Hope Funds les ofreció integrar el emprendimiento y les propuso organizarse colectivamente para reunir los montos requeridos.

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La sentencia

Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico concluyeron que la condición económica de los fiduciantes no coincidía con el perfil habitual de los compradores de un barrio privado, pero señalaron que esa circunstancia no permitía desconocer los desembolsos efectuados mediante fondos reunidos por varias personas.

Los testimonios también expusieron que varios adherentes trabajaban en actividades informales, como la construcción o talleres, y no podían demostrar el origen de los recursos ante requerimientos posteriores. Esa falta de documentación derivó en presiones para que rescindieran sus contratos.

El proyecto del barrio privado Verazul, impulsado por Hope Funds, quedó en el centro de la acusación por el supuesto uso de prestanombres y fondos de origen ilícito
El proyecto del barrio privado Verazul, impulsado por Hope Funds, quedó en el centro de la acusación por el supuesto uso de prestanombres y fondos de origen ilícito

Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, los fiduciantes firmaron las rescisiones. El fideicomiso retuvo un 10% del valor de cada lote como penalidad y reconoció a los inversores créditos a cobrar una vez cumplido el objeto del proyecto, en lugar de devolverles de inmediato los montos abonados.

El mismo día de las rescisiones, los créditos fueron cedidos a Wall Street Group SRL, una sociedad que, según la acusación, no tenía capacidad económica para adquirir los derechos y funcionaba como una estructura interpuesta.

Sin embargo, los jueces consideraron probado que Wall Street Group era una empresa real, dedicada a comercializar terrenos y registrada conforme a la normativa. También valoraron que la firma reclamó judicialmente el cobro de los créditos cuando Hope Funds incumplió los compromisos asumidos.

La sentencia indicó que algunos inversores recibieron lotes en el barrio La Asunción, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, como alternativa a la devolución del dinero. Otros aguardaron el vencimiento de préstamos otorgados a nombre de Wall Street Group, aunque los pagos prometidos no se concretaron.

La fiscalía había pedido condenar a Blaksley, Dolinkue, Badino y D’Angelo. En el caso de Willa, sostuvo su solicitud de absolución. Por su parte, la querella de ARCA mantuvo la acusación contra los cinco imputados. Solicitó que Blaksley fuera considerado autor y que los demás fueran declarados partícipes necesarios del lavado de activos.

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