“Garantismo bobo”: Maximiliano Pullaro criticó la suspensión de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

El fallo que suspende por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires continúa generando polémicas y debates. En este sentido, quien se expresó fue el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: “Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”.

A través de sus redes sociales, el mandatario santafesino señaló que los jueces “están para que las leyes se cumplan” y que, en este punto, la norma es muy clara: “No permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”.

“Es muy grave lo que sucedió. Costó mucho dar ese debate, y en Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, argumentó.

Y en su escrito adelantó: “Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, tenemos módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar”.

El polémico fallo

La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de su entrada en vigencia. La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad. El punto central del fallo es que la provincia no tendría hoy la infraestructura ni los recursos suficientes para afrontar el impacto de la nueva ley, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Según la magistrada, esta modificación provocará un aumento de jóvenes detenidos y una mayor permanencia dentro del sistema, en un contexto donde los centros de alojamiento ya muestran deficiencias. Aunque reconoció algunas mejoras recientes, advirtió que todavía no están garantizadas condiciones mínimas vinculadas al acceso a la educación, la capacitación laboral, la reinserción social y la reducción del aislamiento, por lo que una implementación inmediata podría derivar en vulneraciones de derechos.

La resolución ordena a distintos organismos de la provincia adoptar medidas urgentes para hacer efectiva la suspensión y convoca a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que deberán informar qué acciones están tomando para adecuar el sistema. A nivel nacional, en tanto, el Gobierno ya reglamentó la ley, que además de reducir la edad de imputabilidad establece penas alternativas, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad en centros especializados.

Voces disidentes

En la misma sintonía de Pullaro, quien también se expresó esta mañana fue el fiscal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, que anticipó que no acatará esa decisión y seguirá aplicando la ley que entró en vigencia el sábado. En Radio Mitre, sostuvo que la magistrada “extralimita” sus facultades y remarcó: “Ella como juez penal no puede dejar sin efecto una norma” y que solo podría declarar la inconstitucionalidad “en el caso concreto”, pero no frenar una ley con efectos generales.

Zárate fue todavía más tajante y afirmó: “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza” y que, al menos en San Isidro, “esta decisión no rige”. Para justificar su postura, argumentó que si el nuevo régimen ya se usa para beneficiar a acusados —por ejemplo, al revisar condenas bajo el principio de ley penal más benigna— entonces también debe aplicarse en los nuevos procesos: “Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”. Además, defendió la reforma al señalar que “entre los catorce y los dieciséis años se venían cometiendo muchos hechos”, incluidos homicidios, robos y delitos organizados con participación de menores.

Por su parte, la Usina de Justicia denunció penalmente a la jueza Marta Elba Pascual por haber suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La asociación la acusó de presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, al considerar que la magistrada se excedió en sus atribuciones al frenar una ley sancionada por el Congreso. Además, cuestionó el fundamento central del fallo al sostener que no existe una afectación concreta ni un peligro inminente para los menores alcanzados por la norma, y objetó que la jueza haya basado su decisión en una hipótesis de posible hacinamiento futuro.

En paralelo, la entidad pidió intervenir en la causa como amicus curiae para incorporar la perspectiva de las víctimas de delitos al debate judicial. En su planteo, destacó que la propia ley contempla medidas no privativas de la libertad, como sanciones educativas, monitoreo electrónico, restricciones de contacto y reparación del daño, por lo que consideró incompleta la evaluación realizada en el fallo. Mientras tanto, la jueza defendió públicamente su decisión y aseguró que la nueva ley no traerá más seguridad si antes no existen condiciones adecuadas de encierro, educación, tratamiento y reinserción para los adolescentes.