Los abogados del exministro Julio De Vido reclamaron su absolución en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto fraude al Estado mediante la construcción de viviendas en sectores vulnerables a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Por su parte, el defensor oficial Germán Carlevaro también pidió la absolución para el exsecretario de Obras Públicas José López, el exadministrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Pablo Schoklender y el exintegrante de la Subsecretaría de Obras Públicas Carlos Castellano.
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De Vido, López y Schoklender fueron acusados como autores del delito de administración fraudulenta por el supuesto desvío de más de 200 millones de pesos. Para ellos, el Ministerio Público Fiscal pidió la pena de 6 años de prisión. En tanto, sobre Castellano pesa un requerimiento de 4 años de prisión como partícipe secundario del mismo delito.
Todas las defensas solicitaron la prescripción al sostener que el último acto que interrumpió los plazos se produjo el 8 de julio de 2020, cuando el tribunal citó a juicio, una fecha que luego fue reprogramada para el 15 de septiembre de ese año. Según sus cálculos, ya se cumplieron todos los lapsos procesales previstos para dar por extinguida la acción penal.
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El Tribunal Oral Federal 5, integrado por Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, dispuso un cuarto intermedio hasta el martes próximo para dar paso a las réplicas y, finalmente, fijar la fecha para escuchar las últimas palabras de los acusados y dar a conocer el veredicto.
Los argumentos
Los abogados de Julio De Vido solicitaron la prescripción de la acción penal y, como consecuencia, que se dicte el sobreseimiento. Además, pidieron la nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal y, en caso de que no se hiciera lugar a esos planteos, solicitaron la absolución.
Durante el alegato, sostuvieron que el principio de culpabilidad se basó en el vínculo político entre el exfuncionario y las Madres de Plaza de Mayo y enfatizaron que esa relación había sido exclusivamente protocolar.
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Los abogados Gabriel Palmiero y Juan Ignacio Gómez Perdiguero afirmaron que el exministro de Planificación no participó de ninguno de los hechos descriptos en este debate oral.
Advirtieron que la mera titularidad del ministerio no lo convertía en administrador por imposición legal porque, según su criterio, no podía ser garante de los convenios que vincularon a provincias o municipios con la Fundación.
Además, destacaron que la normativa facultaba al ministro a delegar funciones en las áreas de obra pública, que dependían jerárquicamente de De Vido, pero no funcionalmente. Sostuvieron: “No hay un solo acto del circuito del dinero que podría haber realizado y no realizó”.
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La defensa oficial del exsecretario de Obras Públicas José López negó que, durante la ejecución del plan de viviendas del proyecto Sueños Compartidos, se hubieran registrado advertencias de gobiernos provinciales o municipales con quejas sobre el desarrollo de las obras en sus jurisdicciones.
En el mismo sentido, rechazó que los funcionarios del área se hubieran puesto de acuerdo para habilitar desembolsos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sostuvo que Sergio Schoklender debía recorrer las oficinas del Ministerio de Planificación para lograr que se efectuaran las transferencias.
En cuanto al exadministrador Pablo Schoklender, la defensa sostuvo que se incorporó a la Fundación cuando el programa ya estaba en marcha.
Al referirse a la situación de Carlos Castellano, refutó que hubiera participado del otorgamiento directo de obras y negó que recibiera dinero mediante cheques o transferencias.
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Agregó que su posición dentro de la Subsecretaría de Obras Públicas no implicaba facultades de mando dentro de la estructura estatal, que tenía un contrato de locación de servicios y que no cumplía funciones como funcionario público.
<b>El juicio</b>
En este expediente se evalúa el presunto desvío de $206.438.454,05 de fondos públicos destinados a viviendas sociales, una maniobra que, según la acusación, funcionó entre 2005 y 2011 mediante adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo bajo condición de exclusividad.
La hipótesis fiscal sostiene que la Secretaría de Obras Públicas transfirió $748.719.414,64 para ejecutar las obras y que el monto desviado equivale al 23,54% de la financiación total.
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En su requerimiento, el Ministerio Público Fiscal reclamó seis años de prisión e inhabilitación especial para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala, a quienes consideró autores del delito.
En cuanto a Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, los acusó como supuestos partícipes necesarios y reclamó cuatro años de prisión.
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