Un imputado por juego clandestino y lavado denunció al juez Santiago Inchausti y pidió su recusación

El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Jorge Hugo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.

En la presentación ante el Consejo, Pinarello atribuyó al magistrado hechos que, según sostuvo, podrían constituir “faltas disciplinarias y/o causal de mal desempeño”. En paralelo, dentro del expediente penal, el imputado solicitó su apartamiento por “enemistad manifiesta y pérdida objetiva de la imparcialidad”. Pinarello es un empresario marplatense y jugador de póker que fue procesado por Inchausti con prisión preventiva. La acusación lo ubica como organizador de una presunta asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.

Actualmente, Pinarello cumple prisión domiciliaria. Este mes, además, Inchausti dispuso una nueva ronda de indagatorias para 16 personas por presuntas maniobras de lavado. Entre los convocados quedaron el propio Pinarello, su padre, Elías Guillermo Pinarello, ex comisario de la Policía Bonaerense, y su hermana.

Uno de los principales ejes de la denuncia disciplinaria se refiere a la difusión de información del expediente mientras se encontraba bajo secreto de sumario. Según el escrito, la reserva fue levantada el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre las hipótesis acusatorias, las medidas ordenadas y circunstancias personales de quienes aparecían vinculados a la investigación.

Pinarello afirmó que varias publicaciones reprodujeron datos coincidentes y señaló que esa circunstancia “razonablemente permite inferir la existencia de una fuente común de información con acceso privilegiado al expediente”. Por ese motivo, el denunciante pidió al Consejo que investigue específicamente el origen de las filtraciones producidas durante la vigencia del secreto. La presentación también cuestionó la difusión de referencias a Elías Pinarello.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae, el excomisario no había sido citado a indagatoria hasta el 6 de agosto pasado. El planteo requirió que se determine si la información publicada pudo haber provenido de funcionarios judiciales, representantes del Ministerio Público Fiscal o integrantes de fuerzas de seguridad con acceso a las actuaciones.

El pedido para apartar al juez

La recusación incorporó otro argumento: un supuesto conflicto previo entre Inchausti y el padre del acusado. En 2016, Elías Pinarello se desempeñaba como director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata y mantenía, por esa función, una relación institucional con el juez.

Según el relato de su hijo, durante una reunión en el despacho del magistrado se produjo una discusión por diferencias de criterio. El escrito afirma que Inchausti le manifestó “que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera, y que, en caso de no adecuarse a tales directivas, duraría poco tiempo en el cargo”, con una referencia a su carrera profesional. La defensa ofreció como testigo de ese encuentro a Juan Zanocchia, entonces segundo jefe de la dependencia policial.

El planteo vinculó ese episodio con una serie de circunstancias posteriores que afectaron a Elías Pinarello. Entre ellas, la recusación mencionó su traslado a La Plata, su posterior pase a retiro y, ya dentro de la causa actual, una inhibición general de bienes dispuesta en noviembre de 2025 y el bloqueo durante más de dos meses de su cuenta sueldo. Otro capítulo de la presentación se concentra en la comparación entre Pinarello y su coimputado Joaquín Otero Cao. La defensa planteó que ambos atraviesan situaciones procesales equivalentes, pero recibieron un tratamiento distinto al momento de resolverse sus pedidos de prisión domiciliaria.

De acuerdo con la recusación, Inchausti concedió en primera instancia el beneficio a Otero Cao y rechazó el solicitado por Pinarello. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó posteriormente esa decisión y otorgó la morigeración. La fiscalía recurrió el fallo ante Casación y, después de un resultado adverso, presentó un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible y luego una queja ante la Corte Suprema.

La defensa cuestionó además la forma en que se ejecutó la decisión de la Cámara. La presentación sostuvo que la salida de Pinarello quedó supeditada a la colocación previa de una tobillera electrónica y que esa exigencia prolongó su permanencia en prisión durante casi diez días. En cambio, según el mismo escrito, Otero Cao había dejado el penal en diciembre de 2025 sin que previamente le instalaran ese dispositivo.

La recusación también advirtió una diferencia en las cauciones. Inchausti fijó $100 millones para Pinarello y $50 millones para Otero Cao. El escrito cuestionó que no se hubiera explicitado una diferencia objetiva en las imputaciones o circunstancias procesales que justificara esa disparidad.

Otro de los cuestionamientos se refiere a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. El imputado afirmó que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento de la orden de captura en su contra y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, la recusación sostuvo que el juzgado y la fiscalía “construyeron en sus piezas procesales una narrativa” según la cual había sido capturado mientras intentaba fugarse.

Con todo, Pinarello solicitó ante el Consejo de la Magistratura la apertura de actuaciones disciplinarias para investigar el origen de las filtraciones y evaluar la conducta funcional de Inchausti. En paralelo, en la causa penal, la defensa pidió el apartamiento del magistrado y, en caso de que el planteo sea rechazado, la elevación de las actuaciones al tribunal superior para su resolución.