El exintendente de La Plata, Julio César Garro, fue imputado en la Justicia bonaerense en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a su gestión pública, en el caso de los loteos ilegales para barrios privados. La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.
La diligencia se llevó a cabo en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 5 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la conducción del fiscal Juan Ignacio Mennucci y con la intervención de la jueza de garantías Marcela Garmendia.
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El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.
La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.
La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.
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Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.
La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.
De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.
El expediente no solo alcanza a Garro, sino que también involucra a varios miembros de su antiguo equipo de gobierno, a quienes se les atribuyen las mismas calificaciones penales. Entre los excolaboradores que ya se presentaron ante la justicia y resultaron imputados se encuentran Oscar Negrelli, quien se desempeñó como secretario de Coordinación, y María José Botta, ex titular de Planeamiento Urbano municipal. Ambos ex funcionarios ya cumplieron con el trámite de comparecencia correspondiente.
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También se presentaron Leandro Ronga, Augusto Sciarretta y Marcelo Gustavo Genoro, además de Marcela Rogg, quien se desempeñó como directora general de Planeamiento.
Luis Esteban Barbier, exsecretario de Obras Públicas, debió presentarse a declarar el pasado 7 de agosto. Sin embargo, el exfuncionario no asistió a la citación e informó formalmente que se encontraba fuera del país por un viaje, comprometiéndose a regresar el próximo 14 de agosto para ponerse a disposición de las autoridades judiciales.
La causa penal estuvo inicialmente a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero el municipio solicitó su apartamiento debido a la falta de avances en el procedimiento. Tras esta petición, el caso pasó a la órbita del fiscal Mennucci, quien finalmente formalizó las imputaciones.
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En su defensa, desde el entorno del ex intendente rechazaron las acusaciones y aseguraron que su gestión no aprobó ningún desarrollo inmobiliario que no contara con la respectiva ordenanza municipal.
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