El detenido ex presidente de ARSAT Facundo Leal pidió el arresto domiciliario para tratar su adicción a las drogas. La defensa hizo el planteo en los tribunales de Comodoro Py donde se lleva adelante la causa por los estupefacientes encontrados durante un allanamiento, en su departamento del barrio porteño de Palermo.
Desde entonces el ex funcionario está detenido y fue procesado con prisión preventiva por presunta tenencia para la comercialización. Argumentó que era para consumo personal y presentó certificados médicos dando cuenta de su adicción, pero por el momento la Justicia no le cree. Pidió al juez federal Daniel Rafecas que le conceda la prisión domiciliaria por su condición, algo que aún no tuvo respuesta.
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Leal fue procesado y enviado a la cárcel por el primer juez que intervino en el caso, el federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien luego se declaró incompetente y envió la causa por droga a Comodoro Py.
En San Isidro se investiga una megacausa por presunta corrupción durante la gestión del ex funcionario en ARSAT. En ese marco y a pedido del fiscal de ese partido Fernando Domínguez se ordenaron una serie de allanamientos que incluyeron la vivienda de Leal. Durante el procedimiento se encontró la droga y el acusado quedó detenido de inmediato por este hallazgo.
En el lugar había también US$650.000 en efectivo, monedas extranjeras, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en una propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones.
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La indagatoria por ARSAT
Leal tiene una próxima cita judicial el 13 de julio, cuando será indagado por el juez Mirabelli en la investigación por supuesta corrupción en la empresa estatal de comunicaciones. Las audiencias arrancarán el lunes 6 de julio y se extenderán hasta el 15. El lunes 13 declararán Leal y Gerardo Boschin, ambos ex directivos de ARSAT, y en los días siguientes comparecerán Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, conocidos como la “banda de los mendocinos” por su origen provincial.
La investigación en ARSAT incluye acusaciones por presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración y cohecho. También fueron citados empresarios de ALS (Argentina Logistic Service), beneficiarios de un contrato bajo sospecha por el alquiler de un predio donde la empresa estatal almacenó equipos valiosos. Los investigadores sostienen que los funcionarios “se interesaron en las contrataciones sobre fletes, transportes y alquiler de grúa”, lo que habría derivado en un presunto direccionamiento sin cumplir condiciones esenciales.
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Tres directivos de ALS serán indagados el lunes 6 de julio: Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla. Un día más tarde será el turno de una empleada de esa empresa. Esa misma semana el juez y el fiscal escucharán a un acusado de intermediar en la operación de alquiler del predio. Finalmente desde el 13 de julio se iniciará la ronda de indagatorias de los ex funcionarios de ARSAT: Leal, Boschín, Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez.
El robo
La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. Se calcula que la pérdida para la empresa estatal fue de 151.000 dólares en bienes sustraídos o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.
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Cuando los investigadores comenzaron a tomar testimonios de trabajadores de ARSAT todos coincidieron en advertir las deficiencias del mantenimiento y la seguridad del lugar: hablaron de ratas que se comían cables, humedad, falta de iluminación y cámaras. Ante ello se puso la mira en el contratista del predio y la causa derivó en una presunta licitación direccionada. En la investigación que lleva el fiscal Domínguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.
También se sospecha que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“, según la imputación fiscal.
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