La jueza Rocío Alcalá: “La frontera del nordeste argentino es una zona crítica”

Nació y creció en Resistencia, Chaco, en 1974. Es la mayor y la única mujer entre cuatro hermanos. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, se recibió en 1999 y, apenas un día después de graduarse, comenzó a trabajar en la Justicia Federal. Desde entonces, lleva 27 años de recorrido en distintos cargos y jurisdicciones.

Lejos de Comodoro Py, el punto neurálgico en el que confluyen los casos de alto perfil, Alcalá enfrenta los desafíos de la administración de justicia del Nordeste argentino, una zona crítica de frontera de cuya seguridad depende el país entero. En esta entrevista, la quinta entrega de Sr. Juez, un ciclo semanal dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes de la Argentina, Rocío Alcalá habla sobre cómo es impartir justicia lejos de la Capital.

—Cuando se habla de la justicia, del mundo judicial, pareciera que el mundo empieza y termina en Comodoro Py. ¿De qué manera afecta esto a las otras jurisdicciones del país?

—La verdad es que es como vos decís, mucha gente asocia lo que es Comodoro Py con la justicia federal, pero la justicia federal, especialmente en el interior del país, es mucho más. Hay multiplicidad de fueros en los juzgados y cámaras federales del interior, dinámicas diferentes, proximidades diferentes, sobre todo en lo institucional entre magistrados, personal y funcionarios, que acá un poco se pierden. Cuando digo Comodoro Py, me refiero a todo el ámbito de la justicia en CABA y Gran Buenos Aires. Son distintas realidades, con idiosincrasias propias en cada jurisdicción, muy diferentes a lo que pasa en los tribunales de Comodoro Py.

—¿Cuál es la particularidad de administrar justicia desde el nordeste argentino?

—La zona del nordeste argentino, particularmente la Cámara Federal de Resistencia, de la cual formo parte y presido actualmente, tiene la particularidad de ser una zona crítica por la frontera con países como Paraguay. Hay mucha criminalidad vinculada a estupefacientes, contrabando de mercaderías, cigarrillos, electrónica, armas. Es una zona relacionada con delitos previstos en la ley 23.737 de estupefacientes y la 22.415. También hay delincuencia transnacional, como la trata de personas, justamente por ser zona de frontera, especialmente en Formosa, que tiene muchos kilómetros de frontera seca y pasos no habilitados que se usan para este tipo de criminalidad. Es una zona de paso o acopio de estupefacientes que conecta con grandes centros de distribución como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y otros países, incluso Chile. Chaco tiene poca frontera, más que nada fluvial, pero Formosa tiene muchos kilómetros de frontera seca. Todo esto hace que la criminalidad sea crítica en la región que abarca la Cámara Federal de Resistencia, es decir, la justicia federal en Chaco y Formosa.

—Es decir que esto que sucede en esta zona de frontera tiene una incidencia sobre todo el resto del país. ¿Desde la capital se tiene en cuenta eso?

—Yo creo que sí. En cuanto al apoyo en recursos desde el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial, siempre se tiene en cuenta y se trabaja en dinámicas específicas para juzgados de frontera, con apoyo adicional en recursos. También hace falta personal especializado, que muchas veces falta, para poder abordar esta criminalidad. Desde la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara, que llevamos seis meses porque se implementó el primero de diciembre del año pasado, la dinámica cambió, ya que ese código establece una nueva dimensión para el Ministerio Público Fiscal. Antes, la investigación recaía en el juez y necesitábamos recursos, pero ahora el Ministerio Público Fiscal asume ese rol. El juez toma otra impronta en el proceso. Hay que ver cómo evoluciona, pero creo que el apoyo desde Buenos Aires y otros ámbitos será necesario. Además, siempre está la necesidad de capacitación y recursos para las fuerzas de seguridad federales, que colaboran en el combate a estos flagelos.

—De cara a la sociedad, muchas veces las personas sienten que la justicia tiene tiempos lentos. ¿A qué le atribuye esa lentitud?

—Hasta ahora hablamos mucho de materia penal, típica de la zona de frontera. Pero también tenemos cuestiones no penales, y ahí, retomando la pregunta inicial sobre Comodoro Py, el multifuero de los juzgados y cámaras federales implica la responsabilidad de velar por derechos constitucionales en materias civiles, salud, amparos, seguridad social, y contencioso-administrativo, como demandas de particulares o empleados públicos contra organismos del Estado nacional. El volumen de causas en estas materias puede duplicar o triplicar al de penales, generando un cuello de botella por la cantidad, hasta colapsar. El número de recursos humanos es el mismo, pero hay herramientas de gestión para intentar que los tiempos sean los menores posibles.

—En cuanto a recursos humanos, ¿tiene que ver con el nombramiento de jueces?

—Sí, obviamente es un problema, aunque está cambiando radicalmente. No es solo la falta de jueces, que lleva a la designación de subrogantes que ya tienen sus propios juzgados, lo que ralentiza todo el procedimiento, porque un juez no puede estar en todos lados a la vez. Pero también hablo de funcionarios y empleados. Si bien aumenta la conflictividad y el número de causas, el personal sigue siendo el mismo. Por eso, hay que gestionar, mover las fichas, reforzar las secretarías con mayor cantidad de causas. Es una cuestión de gestión.

—Lleva veintisiete años en la Justicia Federal, ¿no?

—Veintisiete años en la Justicia Federal, en distintos ámbitos.

—¿Cómo fue ese recorrido y qué cambió en esos veintisiete años?

—Lo supe desde el primer momento, yo quería estar del otro lado del mostrador. Desde estudiante, mi preferencia fue por el derecho penal, que me cautivó y apasionó. Fui alumna ayudante en una cátedra de Derecho Penal. Siendo alumna, participé en un posgrado en Derecho Penal, que en ese momento solo existía en Buenos Aires o Rosario, y la UNNE no tenía esa posibilidad. Trabajé en la acreditación de ese posgrado, que fue el primero en la región y atrajo a jueces, fiscales, defensores y abogados de la región y de Paraguay. Eso me permitió hacer muchos contactos y reafirmar mi idea de estar en el Poder Judicial. Me recibí en 1999 y al día siguiente ya estaba en mi primer día de trabajo en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Formosa. Luego seguí en la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, un año en la Defensoría Pública Oficial, después en el Juzgado Federal de Formosa, siempre en el área penal. Así pude ver el proceso penal desde distintas perspectivas y confirmé mi vocación por decidir en base a los conflictos entre las partes. Lo que cambió en estos años es que hoy puedo hacer lo que siempre quise: sentarme en una sala de audiencias, escuchar a las partes y tratar de decidir con prudencia y razonabilidad.

—¿Por qué el derecho penal?

—Siempre me preguntaban eso, sobre todo si lo iba a ejercer en el ámbito privado, pero yo sabía que quería estar del otro lado. Tiene que ver con la pasión, con los maestros y modelos que uno sigue. Me especialicé en derecho penal y después en justicia constitucional y derechos humanos. Trabajé mucho en causas de lesa humanidad y el derecho penal me atrapó desde el primer momento. Además, el derecho penal involucra un alto nivel de responsabilidad por los bienes jurídicos que están en juego.

—Cuando era chica, ¿el sueño era ser abogada o era ser jueza?

—Cuando era chica iba a ser profesora de Historia. Empecé ambas carreras, pero al avanzar en abogacía me di cuenta que era mi camino y, con el tiempo y las funciones que fui desempeñando, supe que quería ser jueza.

—¿Cómo fue el proceso de concursar?

—Fui once años secretaria penal en la cámara donde hoy trabajo. En ese momento era todo expediente escrito, que hoy ha cambiado mucho con la digitalización. Ser secretaria me permitió ver lo que era poder decidir y eso me motivó a capacitarme y concursar. Fue difícil combinarlo con la familia, ya tenía dos hijos, pero siempre tuve la convicción. Concursé en 2016 y en abril de 2018 ya estaba jurando como jueza de cámara.

—¿Tuvo que dejar de lado o sacrificar algo de la vida personal, familiar, en pos de llegar al cargo en el que está ahora?

—Sí, por supuesto. Cuando me fui por segunda vez a Formosa, ya en el Poder Judicial, vivía en Corrientes y tuve que decidir viajar con mi hijo pequeño. Gracias a Dios tengo un compañero de vida que siempre me apoyó. Fue una época difícil, porque justo se reabrieron las causas de lesa humanidad y debíamos trabajar jornadas muy largas en la instrucción de esas causas. Sacrifiqué tiempo de maternidad, pero mirando hacia atrás, creo que valió la pena. Cuando uno tiene convicción y motivación, las decisiones se toman, y no me arrepiento de ninguno de los pasos dados.

—¿Cómo fue su experiencia en tratar los casos de lesa humanidad? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue también en lo emocional?

—Fue muy duro. En Formosa, me tocó trabajar en la instrucción de causas sobre tormentos, privaciones ilegítimas de libertad y desapariciones forzadas en centros clandestinos de detención, como La Escuelita y el Regimiento de Infantería de Monte 29. Por la mañana tomábamos testimonios a víctimas y por la tarde indagatorias a los imputados. Era una megacausa con cada vez más testigos e imputados. Yo tenía dos años cuando ocurrieron esos hechos, así que tuve que estudiar mucho para entender el contexto y poder tramitar bien esas causas. Escuchar los testimonios y la violencia relatada era muy fuerte. También en la Cámara Federal, el primer caso que me tocó fue la masacre de Margarita Belén, un supuesto enfrentamiento con víctimas detenidas. Estas causas son muy largas porque cada testimonio genera nuevas líneas de investigación y no se pueden resolver de una sola vez. En la jurisdicción ya quedan pocas cuestiones pendientes, pero fue muy fuerte. También subrogué en los tribunales orales de Resistencia y Formosa, y volví a encontrarme con historias conocidas.

—¿Por qué son tan largas esas causas?

—Porque son muy difíciles de instruir, cada testimonio puede abrir nuevas líneas y no es posible resolver todo de una vez. A veces se investigan por denuncia individual o por el lugar donde ocurrieron los hechos, y eso genera distintas formas de investigar y mucho trabajo.

—Inició su carrera universitaria estudiando Historia. ¿Cree que el trabajo de juez implica una reconstrucción histórica similar?

—Sí, totalmente. Uno escucha a las partes y debe reconstruir los hechos y los planteos para llegar a una solución. Hay que conocer la verdadera historia para resolver adecuadamente.

—Y algunas de esas historias también tienen un peso emocional, como en las causas de lesa humanidad. ¿Cómo maneja las emociones?

—Para ser juez hay que estar preparado, mantener imparcialidad e independencia y neutralizar las cuestiones que puedan perturbar la visión. Con los años uno va naturalizando ciertas situaciones, pero siempre tomo el trabajo con seriedad.

—¿Es decir, no siente miedo a la hora de hacer su trabajo?

—No, nunca sentí miedo. Solo una vez, subrogando en el Tribunal Oral de Resistencia, hubo un problema con la salida de los detenidos recién condenados y uno de ellos hizo un comentario del tipo “algún día voy a salir”. Me paralicé en ese momento, pero después lo entendí como algo normal de alguien recién condenado.

—¿Siente que en algún momento tuvo que demostrar más fuerza, más fortaleza por ser mujer en su cargo?

—Por mi carácter, nunca sentí que tuviera que demostrar nada. Siempre fui fiel a mi forma de ser y actuar. Reconozco que hay pocos porcentajes de mujeres en altos cargos judiciales, pero en lo personal nunca sentí obstáculos más allá de los culturales. Cuando uno tiene la convicción, puede avanzar, aunque hay que trabajar para que la igualdad sea real.

—¿Qué piensa de la mirada que puede tener la gente sobre los jueces?

—Creo que los jueces estamos en una etapa de transición. La justicia tiene que mostrar lo que hace y, desde la Cámara Federal, tratamos de hacerlo con herramientas tecnológicas, encuestas de satisfacción, normas ISO de calidad y transparencia. Con la implementación del nuevo código procesal, buscamos resolver más en audiencia, frente a las partes, y aplicar oralidad y transparencia, incluso en materias que siguen el código anterior. La sociedad tiene que ver la función del juez y también la estructura de personal y funcionarios que hace posible que los conflictos se resuelvan.

—Por fuera de las herramientas netamente jurídicas, ¿cree que incorporar tecnología podría ayudar al proceso de administración de justicia?

—Totalmente. La inteligencia artificial ya se está implementando en la Cámara Federal para distintas tareas, como la desgrabación de audiencias, que ahora se hace mucho más rápido, aunque siempre con control humano. Hay muchas situaciones en las que la inteligencia artificial puede ayudar y se está trabajando para ello, siempre para favorecer el servicio de justicia.

—Sin reemplazar la toma de decisiones en manos de humanos.

—No, la toma de decisiones tiene que seguir siendo humana. La inteligencia artificial puede ayudar en otras cuestiones, pero hay aspectos humanos que nunca podrá reemplazar, sobre todo en cuestiones sensibles como el interés superior del niño.