Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público

La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.

Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.

La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.

Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.

Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.

En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.