Dos peritos de la Corte Suprema viajarán a Ecuador por la muerte de una activista que luchaba contra la corrupción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación envió a dos peritos del Cuerpo Médico Forense a Ecuador para que se desempeñen como veedoras en la investigación de la muerte de Monika Silva Koniuszek, una activista anticorrupción de origen polaco que impulsaba investigaciones sobre conflictos de tierras, contrataciones públicas y medioambiente, entre otros temas.

Silva Koniuszek fue hallada sin vida en su casa ubicada en la provincia de Santa Elena el pasado 8 de junio. Las primeras versiones oficiales vertidas desde el Gobierno ecuatoriano sugirieron que se habría tratado de un suicidio, pero los resultados preliminares de la autopsia desalentaron esa hipótesis.

Fue en ese contexto que Ecuador, a través de su Cancillería, solicitó cooperación internacional técnica a la Argentina y a Polonia.

Pidieron “obtener asistencia de veedores y médicos forenses independientes e imparciales que contribuyan a garantizar la transparencia, objetividad y rigurosidad del proceso de investigación”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país en un comunicado.

Es así que la Corte Suprema autorizó a las peritos María Laura Aón Bertolino (especialista en tanatología) y Laura Bermolen (psiquiatría) a cumplir tareas de veeduría, lo que “no implica la realización de pericia alguna ni su participación en la causa judicial en trámite”, según se desprende de una resolución del máximo tribunal a la que tuvo acceso Infobae.

Para esto les concedieron una licencia que entró en vigencia este martes y se extenderá hasta el 23 de junio.

La investigación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades ecuatorianas que incluyan entre las líneas de la investigación una posible vinculación de la muerte de la activista con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción, según reconstruyó Infobae América.

Las averiguaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado.

El gobierno polaco, a través de su Embajada en Perú, también solicitó que la investigación permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar eventuales responsabilidades. En su pronunciamiento, recordó la importancia de garantizar condiciones seguras para defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y miembros de la sociedad civil que desarrollan actividades de vigilancia ciudadana.

Monika Silva Koniuszek residía desde hace años en la provincia de Santa Elena y se había convertido en una figura conocida por sus denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración pública local. Tenía dos hijas que vivían junto a ella.

Su muerte generó una rápida reacción de la ciudadanía: hubo vigilias y manifestaciones para exigir el esclarecimiento del caso.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, declaró 24 horas después del trágico hallazgo que los primeros indicios encontrados en la casa de la activista permitían presumir inicialmente una muerte por suicidio, aunque precisó que las conclusiones definitivas dependerían de la autopsia y de los informes periciales.

Posteriormente, los resultados de la autopsia preliminar contradijeron la versión del suicidio, por lo que el propio Gobierno respaldó la decisión de incorporar expertos internacionales y aseguró que las instituciones del Estado colaborarán para que la investigación se desarrolle con celeridad y transparencia.